Periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales mostraron preocupación por las consecuencias que tendrá la aprobación de la nueva Ley de Comunicación Social, que será votada esta semana en una sesión extraordinaria del Parlamento cubano.
Existe el temor de que esta ley imponga restricciones adicionales a los medios digitales no afines al gobierno que aún operan en el país, explicó la agencia EFE.
El proyecto ratifica lo establecido en la Constitución de 2019, donde se afirma que los medios nacionales son exclusivamente de propiedad socialista.
La nueva ley establece cuestiones de contenido, como la prohibición de "desestabilizar al Estado socialista" y la obligación de que el sistema de comunicación se ajuste, siguiendo los ejemplos de figuras como José Martí, Fidel Castro y las ideas de Marx, Engels y Lenin.
Estas disposiciones han generado preocupación en diversas organizaciones internacionales, que sostienen que aumentarán la presión sobre los periodistas y los medios no oficialistas.
El Gobierno defiende la importancia de esta ley, que se considera la primera de su tipo, y destaca que la versión actual, que se someterá a votación próximamente, es la número 34. Según las autoridades, esto demuestra que ha sido el resultado de un intenso debate interno.
Aunque la nueva ley permitirá por primera vez la financiación a través de publicidad, no se hace mención a los medios independientes digitales en ninguna de las 55 páginas del proyecto.
Muchos de estos medios surgieron durante el periodo conocido como "deshielo", entre 2014 y 2017, cuando hubo un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, sin embargo, la mayoría de ellos se ha visto obligada a abandonar el país en los últimos años debido a las presiones del aparato de seguridad del Estado.
Críticos afirman que esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite la difusión de contenidos independientes, limitando así la diversidad de voces en el país.
“Esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos independientes de los que genera el Estado”, expresó Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho a la información.
Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, destacó que el proyecto de ley tampoco reconoce la personalidad jurídica de estos medios ni el periodismo ciudadano.
Además, el Código Penal vigente desde finales de 2022 sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de desestabilizar al Estado desde el extranjero.
Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas y participante en las discusiones internas sobre el proyecto de ley, declaró a EFE que los medios independientes son simplemente "antigobierno" y no está de acuerdo con la idea de que la ley solo favorece a los medios estatales y afines al PCC.
El texto permite la creación de medios de comunicación fuera de la esfera estatal, dijo.
La ley de Comunicación Social en Cuba ha generado preocupación entre periodistas independientes y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que a pesar de las dificultades, se comprometen a continuar su trabajo.
La Ley de Comunicación Social debió aprobarse en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, pero decidieron aplazarla para este año.
El próximo jueves, en La Habana, se someterá a votación y se espera que el parlamento la apruebe, tal y como ocurre con cada propuesta legislativa que allí se discute.
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