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Residentes cubanos en Miami se organizaron este miércoles para exigir la renuncia del comisionado Joe Carollo, tras el juicio en el que un jurado del sur de Florida lo condenó a pagar 63.5 millones de dólares a empresarios afectados por sus supuestos abusos de poder.
En declaraciones a NBC News el comisionado sostuvo que no ha hecho nada mal y que los testigos del juicio en su contra no lograron demostrar "que yo ordené a alguien hacer algo". Afirmó, además, que los 15 testigos fueron "las mismas personas que siempre se han aliado" para perjudicarlo.
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Sin embargo, para los empresarios de la Pequeña Habana la realidad es otra. Aseguraron durante una protesta esta mañana que "todos hemos sufrido las consecuencia de su tiranía, de la violencia de su forma de ser", informó el canal Telemundo 51.
Daniel Figueredo y su esposa, Rosa Romero, son dueños de la cafetería Sanguich y en el juicio la mujer testifico que Carollo les hizo la vida imposible hasta que se mudaron de la propiedad que ocupaban.
"Estamos pidiendo que tenga un poco de compasión y humanidad y tome este tiempo para analizar su vida y renunciar a su posición. Permitir que una generación nueva entre para ayudar a la comunidad del Distrito", expresó Figueredo.
Un empresario cubano llamado Marvin, miembro de la junta directiva de Viernes Culturales, dijo también que este evento dedicado a celebrar la diversidad de La Pequeña Habana ya no puede hacerse porque Carollo retiró los permisos para organizar una fiesta similar donde sería el presidente, afirmó.
Otros cubanos explican que se niegan a seguir pagando los abogados de Carollo en sus juicios por tráfico de influencias, luego de que el último proceso donde se vio involucrado costara más de 2 millones de dólares a los contribuyentes. Los cubanos enviaron una carta al gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidiendo la destitución del comisionado.
La protesta ocurre una semana después de que un jurado federal del sur de Florida decidiera que Carollo deberá pagar 63.5 millones de dólares a dos empresarios de La Pequeña Habana que lo demandaron por orquestar una campaña de represalias políticas en su contra.
El comisionado deberá compensar a los empresarios William Fuller y Martin Pinilla, cuyos negocios incluyen el popular club nocturno Ball & Chain en la Calle Ocho de Miami.
El juicio costó a los contribuyentes más de 2 millones de dólares y aún no está claro quién asumirá el pago del monto –de $63.5 millones– adjudicado por el jurado a los empresarios.
El monto a pagar por Carollo debe superar los $65 millones, si se añaden los gastos legales de servicios por abogados y costos de la corte.
La demanda acusaba al funcionario de "corrupción", tras fomentar una campaña de represalias políticas contra los propietarios de negocios de La Pequeña Habana y en él testificaron varias víctimas de su supuesto abuso de poder.
El documento explicaba que Carollo ordenó a agentes y funcionarios municipales que acosaran los negocios de los demandantes, después de que ellos apoyaran públicamente a un oponente político suyo en unas elecciones.
Los testigos incluyeron a dos exjefes de la Policía de Miami, Jorge Colina y Arturo Acevedo, y al exadministrador de la ciudad, Emilio González, todos cubanoamericanos.
Ellos aseguraron que el político era un hombre dispuesto a "utilizar como arma" los recursos del gobierno para destruir a sus adversarios políticos.
Carollo, natural de Caibarién, antigua provincia de Las Villas, emigró a Estados Unidos durante la llamada Operación Pedro Pan en 1961.
El pasado año el exjefe de la Policía de Miami, el cubano Arturo Acevedo, presentó una demanda en una corte federal contra la ciudad alegando que fue objeto de "vendettas" políticas cuando lo despidieron en octubre de 2021 por presuntas quejas sobre su desempeño.
Esa demanda también incluyó a Carollo y otros comisionados de la ciudad como Alex Díaz de la Portilla y Manolo Reyes.
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