Un audio filtrado de una reunión entre cuentapropistas cubanos y representantes del régimen comunista sacó a la luz la creciente frustración del sector privado ante las recientes restricciones impuestas por el gobierno.
La polémica se centra en la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior, que limita severamente la comercialización mayorista, poniendo en riesgo la supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP).
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En el material, difundido ampliamente en redes sociales, los cuentapropistas expresan su inconformidad con las medidas gubernamentales. Uno de los participantes, visiblemente indignado, declaró: “Ustedes como gobierno tienen la obligación de resolver sus problemas, y nosotros los nuestros. Pero no nos pueden pisotear así”.
La nueva normativa obliga a las Mipymes y cooperativas a comercializar exclusivamente a través de empresas estatales o comercializadoras controladas por el gobierno.
Además, establece plazos restrictivos de 90 días para actualizar licencias y 120 días para liquidar inventarios mayoristas. El incumplimiento acarrea severas sanciones, incluyendo multas, decomisos y la cancelación de licencias operativas.
Denuncias de falta de democracia y diálogo
Los trabajadores independientes denunciaron también la ausencia de un proceso democrático en la toma de decisiones.
“Aquí no hay democracia. Las decisiones las toman sin consultarnos, sin siquiera discutirlas con el pueblo, y luego pretenden que las acatemos como si fueran justas”, reclamó uno de los asistentes.
Otros criticaron la obligatoriedad de establecer contratos laborales formales para familiares empleados, calificando esta exigencia como “absurda”. “¿Por qué tengo que pagarle un salario a mi esposa si somos una familia?”, cuestionó un empresario.
Uno de los trabajadores afectados declaró: “Nosotros no somos responsables de la inflación ni de los problemas económicos del país. Siempre somos los primeros en sacrificarnos, pero no podemos cargar con los errores de los dirigentes”.
Los cuentapropistas demandaron reformas profundas y respeto a su actividad empresarial. “Nunca he visto a una provincia oponerse a una ley nacional. Ustedes solo obedecen”, se quejó un trabajador, criticando la falta de representación efectiva.
“Lo único que queremos es que nos escuchen y nos dejen vivir”, concluyeron los asistentes al encuentro.
Contexto legislativo y antecedentes recientes
La situación actual se suma a una serie de medidas restrictivas aplicadas en los últimos meses. En junio de 2024, el régimen cubano clausuró de manera arbitraria la tienda Diplomarket, conocida popularmente como el "Costco cubano", y detuvo a su propietario, el empresario cubanoamericano Frank Cuspinera.
Las autoridades intervinieron la empresa sin previo aviso, bajo acusaciones de evasión fiscal, tráfico de moneda y lavado de activos. Cuspinera, quien había establecido exitosamente su negocio en Cuba desde 2013, ofreciendo productos a través de su plataforma Diplomarket, se encuentra en paradero desconocido desde su detención.
En septiembre, el gobierno cerró el emblemático Mercado Chino en La Habana, argumentando supuestas irregularidades administrativas. La medida dejó sin sustento a decenas de familias y generó un amplio rechazo popular.
El cierre de mercados alternativos y la cancelación masiva de licencias comerciales intensifican la precariedad económica del sector. Las autoridades justificaron estas acciones argumentando la necesidad de controlar el mercado y evitar "abusos" contra los consumidores, pero los economistas advierten que la falta de competencia generará más escasez y alza de precios.
Sin embargo, analistas económicos calificaron la resolución como un retroceso, asegurando que estas restricciones socavan la independencia económica del sector privado.
Por su parte, en su afán de control sobre el sector privado, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha insistido en crear comités de base del Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas dentro de las Mipymes, lo que para muchos emprendedores representa una estrategia para controlar políticamente el sector privado.
Eventos como el de la polémica filtrada reflejan un creciente descontento que amenaza con tensar aún más la ya frágil economía cubana, afectando a miles de familias que dependen del trabajo por cuenta propia para subsistir.
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