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La administración de Joe Biden anunció que enviará 1,500 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México a partir de la próxima semana, ante la posible avalancha migratoria tras el fin de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
El personal militar se encargará de la introducción de datos, el apoyo a los almacenes y otras tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. pueda centrarse en el trabajo de campo, explicó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, según trascendió en una nota de The Associated Press (AP).
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Las tropas "no realizarán funciones de aplicación de la ley ni interactuarán con inmigrantes o migrantes. Esto liberará a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que realicen sus funciones críticas de aplicación de la ley", dijo Jean-Pierre.
Los soldados estarán en activo durante 90 días, y serán retirados del Ejército y de la Infantería de Marina; durante ese período se buscará reemplazarlos con tropas de la Guardia Nacional o de la Reserva, dijo el portavoz del Pentágono, el general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder.
Actualmente, ya hay 2,500 miembros de la Guardia Nacional en la frontera.
Las restricciones por la pandemia de coronavirus permitieron a las autoridades estadounidenses rechazar a decenas de miles de inmigrantes que cruzan la frontera sur, pero cuando se levanten el 11 de mayo, las autoridades fronterizas prevén que una nueva oleada migratoria ocurra.
Para Biden, que anunció su campaña de reelección hace una semana, la decisión indica que su administración se está tomando en serio el esfuerzo por reducir el número de cruces ilegales, pero también establece comparaciones con las medidas adoptadas por Donald Trump, que Biden criticó con frecuencia.
Trump desplegó tropas en servicio activo en la frontera sur para ayudar al personal de la patrulla fronteriza ((CBP) a procesar las grandes caravanas de migrantes, además de las fuerzas de la Guardia Nacional que ya estaban trabajando en esa capacidad.
Jean-Pierre restó importancia a cualquier similitud entre la gestión de la inmigración de Biden y el uso de tropas por parte de Trump durante su mandato y aseguró que el Departamento de Defensa ha estado apoyando a la CBP en la frontera durante casi dos décadas.
Algunos miembros del propio partido de Biden se opusieron a la decisión y consideraron "inaceptable" "la militarización de la frontera".
"Ya hay una crisis humanitaria en el hemisferio occidental, y el despliegue de personal militar sólo indica que los migrantes son una amenaza que requiere que las tropas de nuestra nación contengan", dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey.
La medida sería otro esfuerzo por gestionar el hacinamiento y otros posibles problemas que puedan surgir a medida que los funcionarios de fronteras se alejen de las restricciones del COVID-19.
La semana pasada, funcionarios de la administración anunciaron que trabajarían para examinar a los inmigrantes que soliciten asilo en la frontera, deportar rápidamente a los que se considere que no cumplen los requisitos y penalizar a las personas que crucen ilegalmente a Estados Unidos o atraviesen ilegalmente otro país de camino a la frontera estadounidense.
También abrirán centros fuera de Estados Unidos para que las personas que huyen de la violencia y la pobreza puedan solicitar volar legalmente y establecerse en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de tramitación se abrirán en Guatemala y Colombia, y se espera que les sigan otros.
El Pentágono aprobó este martes la solicitud de tropas por parte de Seguridad Nacional, que gestiona la frontera.
Sin embargo, para la aprobación previa, Seguridad Nacional tuvo que aceptar trabajar con la Casa Blanca y el Congreso para desarrollar un plan de soluciones de personal a más largo plazo y los déficits de financiación, "para mantener la seguridad fronteriza y el procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes que no implican el uso continuo de personal y recursos del Departamento de Defensa".
En otro esfuerzo por controlar la ingente crisis migratoria que ha tenido récords históricos durante la administración Biden, la Legislatura de Florida aprobó un controversial proyecto de ley que busca blindar la entrada al estado a los inmigrantes en situación irregular, y penaliza con sanciones de cárcel a las personas que los transporten o les brinden apoyo dentro del territorio.
La ley, que entraría en vigor el 1 de julio próximo, impondrán sanciones penales a las personas que violen ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
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