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Organizaciones de la sociedad civil de Cuba denunciaron a las autoridades del país por reprimir a observadores independientes que pretenden participar en el proceso electoral del próximo 26 de marzo, cuando se votarán a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Las plataformas Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), Observadores de Derechos Electorales (ODE) y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE) se unieron por primera vez para denunciar las acciones antidemocráticas que se cometan.
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"Hemos sido notificados por algunos observadores independientes, en distintas zonas del país, de las amenazas y advertencias recibidas de parte de funcionarios y representantes, tanto de la policía nacional como de la policía política, para intentar disuadirles del ejercicio de derechos civiles internacionalmente respaldados y reconocidos en la Constitución y en la Ley Electoral cubana", dijeron a través de un comunicado que hicieron llegar a CiberCuba.
Asimismo, mostraron preocupación por el uso indebido de la ley, por parte de represores cubanos, contra activistas que defienden el derecho a la abstención.
"En ningún caso la ley electoral prohíbe a los ciudadanos, individualmente o de conjunto, manifestar sus preferencias; lo que sí está respaldado por la Constitución cubana. El Código Penal sanciona el llamado a la abstención si este es realizado por funcionarios del gobierno o del Estado", recordaron.
CiberCuba habló con Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, Marthadela Tamayo González, María Mercedes Benítez Rodríguez y Maria Elena Mir, miembros de esas tres plataformas cubanas y promotoras de la iniciativa, que pretende darle seguimiento al proceso electoral antes, durante y después del 26 de marzo.
Zelandia de la Caridad Pérez Abreu (COCUDE): En Cuba se reprime la observación porque estamos ante la naturaleza represiva de un régimen totalitario, por tanto se anula el Estado de derecho, sobreponiendo el dictado partidista al derecho constitucional.
La estrategia que tenemos es hacer presencia con nuestro ejercicio de observación, como hemos hecho todos estos años y durante este proceso electoral hemos observado varias violaciones, como la realización de campañas, que están prohibidas, y las mantienen además justo hasta el día de los comicios. También hemos detectado proselitismo político.
Siempre hemos visto las mismas violaciones, a pesar de que ellos imponen decretos, tienen una Ley Electoral y una Constitución.
Marthadela Tamayo (ODE): Nos hemos unido para estar presentes el 26M como observadores independientes en los colegios electorales. Intentamos recolectar información precisa y clara sobre los procesos, para hacer un informe que conste de tres partes, antes, durante y después de las votaciones.
Conocemos, por los procesos anteriores, que existen grandes desafíos, retos, restricciones y barreras en el contexto cubano actual, que limitan el ejercicio de la observación ciudadana independiente. Todas estas barreras políticas, obstáculos, falta de transparencia desde el oficialismo, forman parte de este proceso, lo que hemos reportado.
La misión es acompañar a la sociedad cubana en el desarrollo de los procesos electorales, desde una posición neutral, detallada y minuciosa. Hay que recalcar que no estamos fuera de los marcos legales vigentes y fue la propia Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, quien hizo un llamado a toda la población a observar los escrutinios.
Queremos que todos los colaboradores puedan enviarnos la información a observación.m26@gmail.com y los invitamos a que participen, haciendo uso de los formularios digitales habilitados.
María Mercedes Benítez Rodríguez (COPE): Aunque es un derecho constitucional y electoral participar de la observación en cualquiera de los procesos, el gobierno impide la observación independiente, porque a ellos no les gusta que los fiscalicen; por lo tanto, una vez que un ciudadano se presenta en los colegios como observador, comienzan las represalias. Es por eso que en este caso hemos tratado de mantener en el anonimato a algunos observadores.
En otros procesos hemos observado las mismas tendencias. A pesar de que están prohibidas las campañas, el gobierno no deja de hacerlas y llevan a los niños de primaria a la operación Tun Tun, que no es más que tocarle la puerta a los electores para decirles que hay que participar y votar por todos.
Otra de las incidencias es que no existen las boletas Braille para los débiles visuales o ciegos, convirtiéndose esto en una oportunidad perfecta para cometer fraude, ya que los ayudantes de la mesa le marcan sin piedad. Los padrones electorales o listado no se encuentran visibles en los colegios, tampoco están actualizados y el escrutinio o conteo de boletas se realiza a puertas cerradas.
Por último, y no menos importante, hay que denunciar la presencia de la Seguridad del Estado y policías en las inmediaciones de los colegios, sobre todo donde saben que hay observadores independientes, para impedirles su participación.
Maria Elena Mir (Vecina de Habana del Este y activista): Como sindicalista, observadora, líder de la comunidad he sufrido represión de todo tipo: encarcelamiento, registros, hostigamiento, visitas de la Seguridad del Estado, presiones psicológicas a mí y mi familia. Cualquier persona que de una manera u otra enfrente al régimen asume esas graves consecuencias.
No debe ser un secreto y el mundo tiene que saber que lo único que funciona en Cuba es la represión, la amenaza, el miedo sobre la población.
En 2018 mi comunidad me eligió y propuso para ser delegada. Sin embargo, no tuve ni la oportunidad de quedarme en casa; fui detenida y desaparecida, hasta mucho después que pasó el proceso electoral. Hay que estar aquí para conocer las mañas del gobierno,que hace lo imposible para transmitir una imagen contraria a la realidad.
La Ley Electoral cubana permite, en su artículo 118, la observación del escrutinio a los ciudadanos, quienes "deben mantener una conducta acorde con la solemnidad del acto, sin interferir en sus funciones".
En los días previos a las votaciones hubo denuncias en Mayabeque, donde personas aseguraron ser obligados a firmar un compromiso de voto, algo que es cuestionado por la sociedad civil independiente por ser ilegal e inconstitucional.
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