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La ONG Prisoners Defenders (PD) cifró en 1,066 el número de presos políticos verificados en Cuba, una cantidad que incluye a 11 nuevos prisioneros de conciencia encarcelados en el mes de febrero.
“1,066 Prisioneros Políticos HOY en #Cuba. Más de 400 procesos judiciales analizados en nuestra denuncia a @ONU_es demuestran 7 patrones de violación de derechos fundamentales desde la detención hasta la imposición de penas”, indicó este lunes la organización en Twitter.
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En su Informe Mensual de Prisioneros Políticos, la organización no gubernamental señaló que hasta el 28 de febrero, las cárceles del régimen cubano albergan más de mil prisioneros políticos.
Publicado en página web, el informe incluye un enlace al listado detallado de encarcelados por motivos políticos en Cuba, al que se accede previa solicitud de autorización de consulta.
“Todos ellos son torturados como lo demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT)”, afirmó la ONG.
Según PD, los reproches públicos expresados por el CAT, materializados en su informe de mayo pasado sobre la situación de la tortura en Cuba, avalan la metodología de investigación empleada por la organización.
Asimismo, subrayó que “el informe del Comité de los Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó que decenas de niñas y niños siguen condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y ‘asociación’ acusándolos de sedición, entre otras barbaridades”.
Los condenados por motivos políticos en Cuba son víctimas de procesos fraudulentos, asegura PD. En ese sentido, remitió al “contenido de la Denuncia que se está presentando ante la Organización de las Naciones Unidas, y que demuestra con todo rigor jurídico la violación sistemática de derechos en todos los casos de prisión política en Cuba”.
Desde la detención hasta la imposición de penas, las autoridades del régimen cubano incurren en con amplios patrones de violación de derechos fundamentales en todas las fases del proceso penal. En la elaboración del Informe, de más de 5,000 folios, han intervenido más de 10 juristas.
Las violaciones más comunes encontradas en los más de 400 casos analizados incluyen: la ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad, la inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, o la dependencia orgánica absoluta de la jerarquía y los jueces del sistema penal respecto del poder político.
A ellas habría que agregar procesos penales en los que todas acusaciones, sin excepción, se sustentan únicamente con “testigos” dependientes del partido comunista y que son articuladas con el fraudulento uso pruebas “periciales” permitidas únicamente al Ministerio de Interior.
Además, contra activistas y opositores en Cuba se desarrollan procesos penales donde se criminalizan gravemente y persiguen sistemática y abiertamente un abanico interminable de derechos fundamentales.
El uso de tipos delictivos del Código Penal que, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites de cualquier conducta que el régimen desee penalizar; o el uso habitual de procedimientos penales militares ilegales y/o sumarios altamente violatorios de derechos, conforman el contexto legal-represivo en Cuba.
“Sólo en los últimos 12 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 282 nuevos prisioneros políticos nuevos. Han entrado este mes de febrero en nuestra lista 11 casos de prisioneros políticos nuevos, fundamentalmente por la persecución de activistas que colaboran solidariamente con las familias de los presos políticos a hacer visible su situación”, refirió la ONG.
En cambio, solo 22 prisioneros políticos han salido de la lista este mes, “la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta”.
No obstante, “siguen en la lista 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia (30 de ellos) o están siendo procesados penalmente (4 de ellos). Hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas”.
“De nuestra lista actual, 210 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Aunque han pasado por prisión muchas decenas más, al menos 116 mujeres (incluyendo varias de género trans) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia”, apuntó PD.
Dedicada a la relatoría de derechos humanos, la acción jurídica y la defensa prodemocrática, la organización Prisoners Defenders puso el foco también en los “más de 11,000 civiles, jóvenes -negros en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas ‘pre-delictivas’, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa”.
De esta forma, la ONG resaltó el uso represivo que tradicionalmente ha hecho el régimen cubano de la figura de “peligrosidad social predelictiva”, que fue sustituida en el nuevo Código Penal por "medidas terapéuticas posdelictivas" que permiten el internamiento indefinido de acusados en instalaciones psiquiátricas, según reconoció a CiberCuba el abogado de Cubalex Alain Espinosa.
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