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Más de 15 millones de pesos en multas a cuentapropistas en Sancti Spíritus durante 2022

El cuerpo de inspectores aplicó 38,700 multas por afectaciones a los consumidores en materia de precios elevados, violaciones de medidas higiénico sanitarias y agresiones al ornato público.

Bulevar de la ciudad de Sancti Spíritus (imagen de referencia) © Escambray/Delia Proenza
Bulevar de la ciudad de Sancti Spíritus (imagen de referencia) Foto © Escambray/Delia Proenza

Este artículo es de hace 1 año

Más de 15 millones de pesos suman el monto de las multas aplicadas a cuentapropistas de la provincia de Sancti Spíritus durante 2022, según datos difundidos en medio local oficialista.

Hasta la fecha, en ese territorio del centro de la isla se han realizado 40,900 inspecciones, las cuales han generado 38,700 multas por afectaciones a los consumidores en materia de precios elevados, violaciones de medidas higiénico sanitarias y agresiones al ornato público, apunta este miércoles el medio oficialista local Escambray.

El importe total de las multas impuestas en este 2022 asciende a 15,158,000 pesos, según información brindada por la Dirección Provincial de Inspección al citado medio local.

En ese monto, refieren además, incidieron de forma significativa infracciones de transportistas y trabajadores por cuenta propia, además de personas ilegales que venden productos a elevados precios, sin pagar impuestos ni tener permiso para comercializar mercancías.

Entre las causas de las multas a cuentapropistas señalan la oferta de artículos y servicios de primera necesidad con altos precios, además de violaciones de precios en puntos de la Agricultura urbana y Acopio, donde no se respetaron los importes para las ventas de alimentos aprobados por el Consejo de la Administración del Poder Popular.

También se detectaron altos precios en las ventas de garaje y en la Plaza del Mercado de la cabecera provincial, donde no siempre los precios de sus ofertas se corresponden con la calidad de los productos que venden.

Durante 2022 en Sancti Spíritus se realizaron casi 7,400 inspecciones más que en 2021, además de imponerse casi 6,870 multas más, por un importe superior a 2,700,000.

No obstante, ninguna de estas medidas hizo mella a la galopante inflación que se vive en la isla en materia de precios ni en la satisfacción de la demanda de alimentos, transporte, entre otros productos y servicios de primera necesidad.

A principios de noviembre también se conoció que la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus (FPSS) había impuesto multas de hasta 7,000 pesos y decomisado todos los bienes incautados en operativos realizados de conjunto con el Ministerio del Interior (MININT) contra revendedores.

Hasta el cierre de octubre, esas entidades habían impuesto 280 multas administrativas, de entre 1,000 y 5,000 pesos, llegando en ocasiones hasta 7,000 pesos, de acuerdo con datos difundidos en el medio local oficialista Escambray.

María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la FPSS, aseguró al medio local en esa ocasión que los delitos más frecuentes en Sancti Spíritus estaban asociados con el acaparamiento y la especulación y, en menor medida, con la actividad económica ilícita.

“Estos delitos atentan contra la capacidad de adquisición del pueblo y son tipificados en el actual Código Penal con sanciones de privación de libertad que van desde los tres meses hasta un año, o multas de 100 a 300 cuotas. En el caso de la especulación también es sancionable, al igual que lo es la actividad económica ilícita”, explicó la funcionaria que omitió referirse a las causas estructurales que provocan el incremento de estos fenómenos.

Pérez Pérez afirmó, además, que en 2022 las sanciones estuvieron vinculadas a delitos relacionados con el acaparamiento de productos de aseo personal, como jabón o detergente.

Además, dijo, los operativos se concentraron contra el comercio ilegal de productos como aceite, arroz, queso, así como la venta a sobreprecio de cajas de cigarros, dada su alta demanda entre la población.

La fiscal advirtió también en esa ocasión que se puede imponer sanciones de privación de libertad, de uno a tres años, cuando se utilicen materiales de procedencia ilícita o cuando se tenga la licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia y se emplee alguna mano de obra ilegal o producto ilícito.

Aun así, admitió, en 2022 no hay denuncias radicadas por parte de la población relacionadas con precios de productos de primera necesidad en el mercado informal.

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