El gobierno cubano impidió el regreso a Cuba de la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, quien viajaría a La Habana desde Estados Unidos este sábado tras finalizar un tratamiento médico contra el cáncer.
"No puedo vaticinar qué va a pasar conmigo porque estoy en shock. No contaba con semejante arbitrariedad. Mis propiedades están en Cuba, mi madre, mis animales, mi vida, todo está en Cuba y ellos deciden que no puedo entrar", dijo Ruiz Urquiola desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida.
La aerolínea le dijo a Ruiz Urquiola que ellos reciben a diario comunicaciones de esta naturaleza, sin embargo la activista niega que sea así.
"Ellos reciben comunicaciones de personas que tienen algún problema en sus trámites. Yo estoy perfectamente en regla", aseguró. "Son los resultados de hacer negocios con violadores de derechos humanos. Yo vine [a Estados Unidos] por una cuestión médica, se cumplió, me recuperé y no me dejan regresar a mi casa".
La activista cubana aclaró que nunca ha sido su interés emigrar de su país, donde la están esperando sus familiares y demás compromisos y proyectos personales.
La también profesora universitaria acusó al gobierno de Cuba y la Seguridad del Estado de intentar matarla y manipular los medicamentos que recibía en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología en La Habana.
"Por eso tuve que venir. No me quedaba otra alternativa y no tenía ganas de viajar", explicó.
Ruiz Urquiola negó cualquier argumento que el gobierno cubano pudiera esgrimir en su contra para impedirle regresar a su país, violando sus derechos como ciudadana.
"No soy una terrorista, jamás he violado ninguna ley, nunca me han puesto ni una multa por caminar por el césped. Soy una ciudadana pacífica", subrayó.
Con las maletas y el boleto en las manos, la cubana dijo no entender cómo alguien puede decidir una prohibición de esta magnitud, impidiéndole regresar a su casa y abrazar a su madre.
"Esto es completamente absurdo, arbitrario", dijo.
Asimismo dijo que lo ocurrido con ella, cuenta con la complicidad del gobierno de Estados Unidos, que permite se viole un derecho constitucional: la movilidad de los ciudadanos del mundo.
Tras conocerse la noticia, la activista cubana Anamely Ramos, también privada de regresar a la isla por decisión de la Seguridad del Estado, denunció la situación en sus redes sociales.
"Lo que está pasando hoy con Omara vuelve a sacar a la luz la misma pregunta: ¿quién o qué garantiza los derechos de los cubanos? ¿Existe acaso alguna vía para reclamarlos?", apuntó Ramos.
El opositor Lidier Hernández Sotolongo, quien permaneció atrapado en Cuba durante meses porque las autoridades migratorias no le permitían regresar a Uruguay, escribió: "La dictadura extiende sus brazos hasta fuera de sus fronteras". Hernández reside legalmente y trabaja en Uruguay desde hace años.
La situación de casos como el de Ruiz Urquiola viola las propias leyes cubana que reconocen la libertad de entrada y salida del territorio nacional.
El gobierno utiliza el Artículo 24.1 de la Ley de Migración vigente, modificada en 2012, para impedir la entrada a cubanos que se oponen al régimen comunista, y utiliza cualquiera de sus incisos para adoptar la decisión:
- a) Tener antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente.
- b) Estar vinculado con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte.
- c) Organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.
- d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.
- e) Tener prohibida su entrada al país, por estar declarado indeseable o expulsado.
- f) Incumplir las regulaciones de la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones complementarias para la entrada al país.
Sin embargo, Ruiz Urquiola ni ningún otro activista u opositor cubano cuenta con una notificación oficial que se ajuste a esas disposiciones legales, de ahí que denuncien el carácter arbitrario de la medida.
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