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El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al régimen cubano que sancione a las autoridades responsables de la represión violenta contra manifestantes pacíficos durante las protestas del 11J en Cuba.
Cuba debe “investigar de modo pronto, independiente y exhaustivo; y juzgar -y en su caso, sancionar- a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021”, indicó el Comité contra la Tortura en sus "Observaciones finales sobre el tercer Informe Periódico de Cuba" que elabora el organismo.
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El documento expresó la preocupación del Comité por las denuncias y testimonios que evidencian que la represión contra los manifestantes incluyó malos tratos como golpizas, insultos, amenazas de carácter sexual, registros corporales integrales, aislamiento en celdas oscuras, uso de gas pimienta, exposición a altas temperaturas dentro de vehículos policiales, y abandono de personas retenidas en zonas remotas.
Los expertos en derechos humanos que componen el Comité también hicieron constar su preocupación por “las denuncias de juicios sumarios sin garantías al debido proceso, las restricciones a la movilidad, las limitaciones en el acceso a internet y los actos de repudio”; y recomendaron a las autoridades cubanas establecer protocolos que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante protestas sociales, conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos.
Asimismo, pidieron prevenir las detenciones arbitrarias de los defensores de derechos humanos, periodistas y artistas, así como investigar todos los casos de muertes durante la privación de libertad y velar por la independencia e imparcialidad de la Fiscalía y el Poder Judicial.
En un tono más genérico, el Comité reiteró “su preocupación por informaciones de las Naciones Unidas que documentan casos de hostigamiento, agresiones, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y represalias a defensores de derechos humanos, periodistas y artistas, especialmente aquellos considerados como opositores políticos”.
En ese sentido, el informe recogió una serie de recomendaciones para que las autoridades adopten las medidas necesarias para prevenir esas detenciones y actos de hostigamiento, y para que garanticen que, cuando tales se produzcan, los responsables sean investigados y sancionados si corresponde.
Preocupado por la situación de los defensores de los derechos humanos en Cuba, el Comité recomendó establecer un mecanismo nacional independiente que les proteja, así como a periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Por otra parte, el Comité se mostró preocupado por las llamadas “muertes en custodia”. En ese sentido, solicitó “investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares”.
Al respecto, el Comité recomendó al régimen cubano “asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícita”.
Por su parte, el gobierno cubano alegó que la mayoría de las muertes en custodia acontecidas en la Isla -un promedio de 100 al año- se producen por enfermedades cardiovasculares. El Comité le reprochó la opacidad de las estadísticas presentadas.
En el capítulo de los reproches, el organismo de la ONU también manifestó su preocupación por la subordinación de la fiscalía general al presidente de la República, establecida en el artículo 157 de la Constitución cubana.
De igual manera, los expertos criticaron “las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía” a través del filtro que supone la membresía a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos para poder ejercer la profesión.
Por ello, recordaron al Estado cubano que debe velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial, en particular asegurándose de que el nombramiento de los jueces se ajuste a las normas internacionales pertinentes.
A finales de marzo, la organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que más de 100 presos políticos en Cuba han sido víctimas de torturas por el aparato represivo del régimen.
Días más tarde, la plataforma jurídica independiente Cubalex presentó un informe conjunto con otras 13 organizaciones cubanas e internacionales ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. En el mismo, se identificaron 14 métodos de torturas y tratos crueles contra disidentes en Cuba, en flagrante violación de los estándares internacionales sobre derechos humanos.
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