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Dos madres solteras cubanas fueron amenazadas con ser desalojadas, junto a sus pequeños hijos, de un local que ocuparon irregularmente en Alquízar, provincia de Artemisa.
Elisandra Cardoso, quien está embarazada de su tercer hijo, y Dayamís Sánchez, en espera de su cuarto hijo, ocuparon ilegalmente unas viviendas rechazadas por pescadores de la localidad, tras varios años aguardando que el gobierno les entregue una casa por su situación social, denunció en su canal de YouTube el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
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Ambas madres recibieron una notificación de la Dirección Municipal de la Vivienda en Alquízar y del Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades para que desalojen en 72 horas las casas que ocuparon, pero sin ofrecerles ninguna otra solución para que ellas puedan tener un techo donde cuidar y educar a sus hijos.
Las madres relataron en el vídeo que llevan años luchando con la burocracia gubernamental para que se les reconozca el derecho a una vivienda digna.
Expusieron que, luego de haberles prometidos que se les entregaría una casa, las dejaron fuera del programa de ayuda sin darles explicaciones ni asegurarles una alternativa a su situación.
Las autoridades en la isla hasta ahora no revelan las cifras de personas que están en situación similar a la de estas dos madres solteras, por lo que no se sabe con exactitud la cantidad de cubanos viviendo en asentamientos ilegales o en locales abandonados para convertirlos en viviendas.
No obstante, con regularidad son difundidas historias sobre casos similares a los de ambas mujeres.
En junio de este año trascendió que siete mujeres y diez niños recibieron una amenaza de desalojo por haber ocupado un local que permanecía abandonado desde hace 40 años en la carretera de Murga, en la zona del Wajay.
“Nos maltrataron de palabra, no tuvieron ni en cuenta que tenemos niños chiquitos”, denunció una de las afectadas.
Por esa misma fecha se supo que otros cubanos fueron multados por asentarse de manera ilegal en los Jardines de la Tropical, en el municipio Marianao.
“Es doloroso que no me pertenezca ni siquiera un pedacito de tierra. Yo no le pido al Estado ni al gobierno que me den tres caballerías de tierra para yo vivir, yo le pido simplemente un pedacito de tierra”, aseguró Osmar Alcolea Soris, uno de los ocupantes del asentamiento.
También en octubre último unas nueve familias, en las que hay por lo menos 15 menores de edad, tuvieron solo siete días para desalojar un local abandonado que presuntamente pertenece a la empresa estatal de Servicios Locales en Santiago de las Vegas, municipio habanero de Boyeros.
Dayme Rosales, en nombre de las familias afectadas, contó que a las autoridades del gobierno no les importó la situación en la que viven estas familias y dictaminó que debían abandonar el sitio y todo lo que se construyó de manera ilegal sería demolido.
“Esto desde hace ocho años estaba lleno de hierba, basura, de ratas y nosotros lo limpiamos y construimos algunas casas porque muchas somos madres”, relató Rosales.
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