Las autoridades cubanas están amenazando con desalojar a siete mujeres y diez niños que viven de manera ilegal en un local estatal que estaba abandonado en La Habana.
En abril el grupo ocupó el inmueble ubicado en la carretera de Murga, en la zona del Wajay, perteneciente al municipio Boyeros. Según las mujeres, la construcción está abandonada desde hace más de 40 años.
Una de las ocupantes, Yenisley Rondón Barban, relató a la agencia independiente CubaNet que el lunes pasado fueron citadas a la sede del Partido del territorio, y allí les dijeron que tenían tres días para marcharse del lugar.
"Nos pidieron que… en 72 horas teníamos que salir del local, que estábamos metidas en propiedad privada y que teníamos que salir, y que si no salíamos era de tres meses a un año presas, que nos iban a meter presas junto con los niños", agregó.
Las mujeres se reunieron con el intendente de Boyeros y con otros funcionarios, a quienes trataron de explicarles sin éxito la crisis de vivienda que enfrentan.
"Cuando yo le planteo mi situación me dice que resuma lo que tenía que decir y no me dejó explicarle las cosas como son, mi situación, lo que me estaba pasando. El intendente nos dijo que él no conocía nuestro caso, que tenía que haberse entrevistado con cada una, pero que no dio tiempo y no dejó explicar lo que estaba pasando", recalcó Rondón Barban.
Otra de las mujeres, llamada Betsy Verdecia Ramírez, detalló que su esposo la echó a la calle con sus hijos pequeños y tuvo que alquilarse. Pero su salario como trabajadora de Salud Pública no fue suficiente para pagar el alquiler.
"No tengo censo aquí y paso trabajo, y lo que uno está pidiendo es una ayuda. Esa fue mi situación por la que tuve que introducirme aquí", expresó.
Verdecia Ramírez, madre de tres hijos, es natural de Guantánamo, pero lleva unos nueve años residiendo en la capital.
"El intendente del gobierno me dijo que mi caso era el más rápido, montarme en una guagua y mandarme para mi provincia porque yo estaba aquí ilegal. Nos maltrataron de palabra, no tuvieron ni en cuenta que tenemos niños chiquitos", subrayó.
La joven denunció que en estos dos meses han sido agredidas varias veces, sobre todo por las noches.
"Vinieron hombres a meterse aquí, nos asustaron, nos tiraron piedras, sentimos mucho miedo", dijo.
Según precisaron las entrevistadas, aunque las autoridades alegan que el local es propiedad privada, en el acta de desalojo que emitió la Dirección Municipal de Planificación Física se refiere al inmueble como propiedad de la Base de Transporte Gelma, una empresa estatal vinculada al Ministerio de la Agricultura.
En opinión de Lázara Idelín Ortiz Iznaga, otra de las ocupantes de la construcción, lo más probable es que en este caso exista "corrupción" y que alguien "está pagando para que se lo entreguen".
"Hay una muchacha, que es la jefa de vivienda, que el marido de ella es cuentapropista y es uno de lo que está metido en esto, porque quiere hacer aquí como un local para cuentapropistas. Yo digo que ahí hay dinero, porque hay tanta gente haciéndose los dueños, hay demasiada corrupción", subrayó.
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