El relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre libertad sindical y reunión pacífica Clement Voule recordó al gobierno cubano "su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas".
Cuando se avecina la marcha convocada en la isla para el 15 de noviembre (15N) el diplomático y jurista togolés afirmó que "es una violación de la obligación del estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar protestas pacíficas", en respuesta a la campaña de acoso del régimen contra miembros de la plataforma cívica Archipiélago, promotora de la manifestación.
"A medida que se acercan las protestas planificadas para el 15 de noviembre, recuerdo a las autoridades cubanas su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas. Es una violación de la obligación del estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar protestas pacíficas", señaló Voule, quien es relator Especial de la ONU desde 2018.
Además, dijo que le preocupa el anuncio de la Fiscalía General de la República de Cuba que niega a los ciudadanos "el derecho a realizar marchas, en violación de los derechos fundamentales".
"Recordamos al Estado su obligación de habilitar un entorno seguro para expresar disconformidad y para la participación cívica", subrayó.
La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU, Michelle Bachelet, informó el pasado miércoles que vigilará de forma remota la situación de los derechos humanos en Cuba el próximo 15N, ante las continuas amenazas del gobierno cubano de reprimir abiertamente las protestas pacíficas.
La afirmación llegó luego que Archipiélago y otros miembros de la sociedad civil independiente pidieran la presencia de observadores internacionales durante la realización de la Jornada Cívica por el Cambio y una marcha pacífica en varias ciudades del país.
En redes sociales el régimen ha posteado imágenes de la "preparación" de decenas de jóvenes y trabajadores estatales para reprimir a los manifestantes con palos.
Asimismo, ha lanzado una campaña de descrédito de los organizadores de la iniciativa, principalmente contra los miembros de la plataforma Archipiélago.
La Fiscalía, por su parte, amenazó con procesar penalmente a quienes participen del proyecto.
Este jueves los activistas de este proyecto cívico reafirmaron que saldrán a las calles el 15N a pesar de estas amenazas de las autoridades, mientras que desde 104 ciudades del mundo los cubanos radicados en el exterior ratificaron que apoyarán con manifestaciones similares a sus coterráneos en la isla.
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