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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el incremento de la represión y violación de derechos humanos a los cubanos que participaron en las protestas pacíficas del 11J, en más de 60 localidades de todo el país.
El ente internacional reprobó las condenas de más de 20 años de privación de libertad que la Fiscalía de Cuba quiere imponer a algunos de los detenidos por los presuntos delitos de desorden público, atentado, desacato, instigación a delinquir, propagación de epidemias, sedición, manifestaciones ilícitas, entre otros.
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"En este contexto, la CIDH urge al Estado a garantizar que los tipos penales contemplados en su legislación no sean utilizados de forma indebida para restringir otros derechos, o en contra de personas disidentes", acotó a través de un comunicado.
De igual forma, la Comisión recordó que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social.
"Por tanto, debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas en el contexto de las protestas, siguiendo los estándares interamericanos", señaló.
La CIDH documentó, desde el 11J, las diferentes etapas de la represión estatal, condenó el uso de la fuerza en el marco de las protestas y llamó al Estado cubano a garantizar integralmente el derecho a la protesta.
El organismo regional y sus relatorías manifestaron en agosto último la preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías mínimas del proceso legal al que sometieron a los manifestantes.
Durante el encuentro "Situación de los derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba", a cuatro meses de las protestas, miembros de la sociedad civil independiente denunciaron la tendencia a criminalizar a los acusados durante los procesos judiciales.
Se indicó que los procesos se caracterizarían por vulneraciones a las garantías judiciales como la incomunicación de personas detenidas; interrogatorios con fines intimidatorios; e imposibilidad de contar con una defensa jurídica adecuada.
"La CIDH toma nota que de las más de 600 personas que permanecen aún en detención, 598 estarían bajo el régimen de prisión preventiva; en particular, 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación; y 202, en fase de juicio oral, según datos de la organización Cubalex. De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas, 6 de ellas adolescentes", señaló el comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA. Tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo en la materia.
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