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Desde la entrada en vigor del Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote, al menos 40 cubanos han sido multados por sus publicaciones en redes sociales, informó este viernes el proyecto Inventario.
Esta iniciativa, creada para facilitar el acceso a datos abiertos e información pública sobre Cuba, contabilizó todas las multas públicas impuestas en el país desde la aparición de la Ley Azote en 2019 hasta la fecha.
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Según el informe, 40 personas, la mayoría del sexo masculino, han sido sancionados con multas de $3000 pesos cubanos ($120 dólares) con base en el artículo 68, inciso i del mencionado Decreto.
Los afectados por la medida han sido, activistas, periodistas independientes, opositores, youtubers, y ciudadanos, incluidos algunos trabajadores por cuenta propia.
La Habana, Guantánamo, Villa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba, Las Tunas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Granma e Isla de la Juventud son los territorios donde han sido aplicadas las sanciones.
La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, fue la primera persona sancionada con el DL 370 el 13 de enero de 2020.
Asimismo, las periodistas Mónica Baró y Camila Acosta, y el reportero Esteban Rodríguez también debieron pagar multas por sus publicaciones.
Inventario señala que a muchos de ellos se les decomisó el teléfono celular, y fueron detenidos antes de la imposición de la medida.
"La sanción más común es la multa correspondiente de $3.000 pesos (Artículo 70), aplicada a veces en combinación con la confiscación del teléfono de la persona (Artículo 71, a))", subraya la plataforma.
El Decreto Ley 370 “Sobre la informatización de la sociedad en Cuba”, entró en vigor el 4 de julio de 2019, pero la primera multa se aplicó el 13 de enero de 2020, cuando ya era notable el crecimiento de la conectividad en Cuba, impulsada por los ajustes en infraestructura y el aumento de usuarios en la red.
A la par de este incremento, se multiplicaron las denuncias en las redes sociales sobre la situación por la que atraviesa el país. Las publicaciones sobre estos temas comenzaron a ser perseguidas con base en la nueva ley, que establece las "contravenciones asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación".
Entre ellas, resalta el inciso i, del Art. 68, que pena a los ciudadanos por "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", un término abarcador que permitió al Gobierno aplicar multas por las publicaciones de usuarios en redes sociales, especialmente en Facebook.
El Parlamento Europeo y otras organizaciones internacionales han pedido al gobierno cubano la derogación inmediata de esta normativa, por considerar que limita la libertad de expresión y "establece un marco ambiguo que permite la persecución de activistas y periodistas independientes, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19".
Recientemente el régimen ha intentado incrementar el control sobre las Telecomunicaciones, a través de nuevos Decretos y Leyes, como el DL-35, aprobado tras las manifestaciones del 11 de julio.
La persecución contra los internautas cubanos se ha intensificado de tal manera, que el pasado 24 de octubre la Policía cubana citó y amenazó a una pensionada de 60 años en Camagüey por haberle dado like a una publicación en las redes sociales que criticaba al gobierno.
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