Cuando han pasado más de tres meses de las masivas protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en más de 50 ciudades cubanas el pasado 11 de julio, organismos independientes calculan en más de 600 el número de detenidos que siguen en prisión tras la ola represiva que siguió a las manifestaciones.
Al menos 1 175 personas fueron detenidas, según los reportes recogidos por la organización independiente CUBALEX hasta el pasado día 26 de octubre. De ellos, 612 siguen en prisión, en espera de juicio.
El gobierno sigue sin divulgar cifras oficiales de detenciones, y ya tampoco publica los resultados de los juicios que han tenido lugar en los tribunales provinciales.
En agosto, por ejemplo, la prensa oficial publicó que ascendían a 67 los procesados por las protestas. De ellos, apenas 23 se habían hecho representar representar por abogados durante unos juicios exprés.
Mientras que en ese primer momento, los cargos presentados eran fundamentalmente por un delito de desórdenes públicos, con una sanción privativa de libertad de hasta un año o multas de hasta 15 000 pesos, recientemente los fiscales han comenzado a imponer condenas de más de 10 años y peticiones fiscales de más de 20 años, muchas de ellas a jóvenes.
El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J denunció la semana pasada que la Fiscalía Provincial de La Habana ha comenzado a utilizar el delito de sedición "con una connotación política" para enjuiciar a jóvenes de los municipios de 10 de Octubre y Arroyo Naranjo, en específico de los barrios La Güinera y Mantilla, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de este año.
Justicia 11J explicó que pudo consultar los Expedientes en Fase Preparatoria 143/2021 y 145/2021 (C y D) y constató que a 75 personas, muchas de ellas jóvenes de entre 16 y 21 años, les piden condenas que van desde 13 hasta 27 años de privación de libertad. Solo tres casos por los delitos conjuntos de hurto y sedición y, en otros, solo por sedición.
Alain Espinosa, abogado de Cubalex, calificó de “terrorismo de Estado” las largas penas impuestas por las autoridades judiciales cubanas tras las protestas del 11J, y subrayó que se trata de una medida para que el pueblo se inhiba de salir a la calle a manifestarse.
“¿Por qué todas estas sanciones? Porque lo que buscan desde hace mucho tiempo es infundar terror. Esto es un caso típico de terrorismo de estado. Lo que busca es infundar terror para que el resto de la población se autocensure, se inhiba de ejercer sus derechos”, indicó Espinosa en entrevista para Las Mañanas de CiberCuba.
“Lo están haciendo en un contexto que cobra mayor relevancia porque está ya notificado que el pueblo o una gran parte del pueblo tiene la intención de volver a ejercer su derecho a la manifestación pacífica”, añadió.
Numerosos gobiernos y organizaciones independientes como Amnistía internacional y Human Rights Watch han condenado la represión del 11J y han pedido al régimen cubano que garantice los derechos políticos elementales de los manifestantes.
Para el próximo 15 de noviembre, se espera una ola de detenciones similar a la de julio.
El Gobierno cubano advirtió también la semana pasada, a través de la Fiscalía General de la República, sobre las consecuencias legales de participar en la Marcha Cívica por el Cambio, planificada para el próximo 1N.
Los fiscales oficialistas precisaron que quienes se sumen a la convocatoria del 15N incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros, todos previstos y sancionados en la legislación penal vigente en la isla.
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