Alain Espinosa, abogado de Cubalex, calificó de “terrorismo de estado” las largas penas impuestas por las autoridades judiciales cubanas tras las protestas del 11J, y subrayó que se trata de una medida para que el pueblo se inhiba de salir a la calle a manifestarse.
“¿Por qué todas estas sanciones? Porque lo que buscan desde hace mucho tiempo es infundar terror. Esto es un caso típico de terrorismo de estado. Lo que busca es infundar terror para que el resto de la población se autocensure, se inhiba de ejercer sus derechos”, indicó Espinosa en entrevista para Las Mañanas de CiberCuba.
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“Lo están haciendo en un contexto que cobra mayor relevancia porque está ya notificado que el pueblo o una gran parte del pueblo tiene la intención de volver a ejercer su derecho a la manifestación pacífica”, añadió.
El letrado explicó que existe “un irrespeto vulgar” y manifiesto por parte del gobierno y de los encargados de ejercer la acción penal -en este caso los fiscales y los jueces- por los principios que rigen su profesión.
Alain Espinosa enfatizó que se trata de “penas inaceptables que desde el punto de vista técnico no tienen ningún tipo de sustento”, y citó el ejemplo concreto de los que manifestantes que han sido juzgados por el presunto delito de “sedición”.
Explicó que ese es un delito que está directamente vinculado con un apego a una rebelión y que en todo caso tiene que existir una voluntad expresa de revelarse contra el orden público.
“Nuestra legislación, en el artículo 100 establece determinados elementos que deben darse para que se tipifique ese delito, el primero de ellos es el empleo de violencia”, acotó, y explicó que en el caso del 11J la violencia no la ejercieron los manifestantes, sino que vino del lado de las fuerzas institucionales.
Argumentó, igualmente, que en este caso los manifestantes lo que hicieron fue ejercer el derecho que les asiste a defenderse, la legitima defensa de su integridad física y de sus derechos, de un derecho garantizado por la Constitución cubana y por todos los estándares de derechos humanos a nivel internacional.
Precisó, además, que tampoco que se dio en este caso otra de los requisitos para juzgar por "Sedición", que es “impedir el cumplimiento de alguna sentencia, de alguna disposición legal dictada por una autoridad en el ejercicio de sus respectivas funciones”.
“Todo lo que estos funcionarios estuvieron haciendo, antes, durante y después es totalmente ilegal, es anticonstitucional…con lo cual, no se tipifica delito alguno”, concluyó Alain Espinosa, y reiteró el carácter ejemplarizante de las duras penas a que están siendo sometidos varios manifestantes, la mayoría de ellos muy jóvenes.
En las últimas semanas, varias organizaciones, entre ellas el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, han arremetido con dureza contra las sentencias que están recibiendo decenas de manifestantes cubanos.
También el gobierno estadounidense ha criticado lo que calificó de "duras sentencias por cargos falsos" e indicó que se trata de un mecanismo para intimidar a los residentes en la isla.
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