El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció lo que denominó un "ensañamiento" de la Fiscalía provincial de Mayabeque con los manifestantes que han sido juzgados por participar en las protestas del 11 de julio.
La organización reveló que el fiscal Yerandy Calzadilla Dávalos está solicitando sanciones que van desde los seis a los 25 años para nueve de los juzgados en la causa 152 de 2021, peticiones que fueron presentadas ante la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Mayabeque.
"Las peticiones son el reflejo del talante vengativo del régimen imperante en la isla, que alberga una población penal per cápita que está entre las primeras del mundo", subrayó el OCDH.
En un comunicado enviado a CiberCuba, el Observatorio recordó que el gobierno cubano, a través de sus órganos represivos, acostumbra a valerse de supuestos delitos comunes para condenar actuaciones políticas, una práctica que ha sido condenada por el Grupo de Trabajo sobre la Detenciones Arbitrarias de la ONU.
"Se han forzado algunos argumentos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos (...). Las peticiones fiscales que aquí se anuncian son las más extremas que se conocen hasta ahora, dada la desproporción entre los delitos y la cantidad de años en prisión pedida por ellos, detalle que denota la condición de la justicia cubana", recalcó el texto.
El grupo también acusó al régimen castrista de utilizar su "talento represivo" en función de silenciar a las víctimas de la represión del 11J y a sus familiares, unas veces con amenazas y otras con falsas promesas.
"Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que solo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo", aseguró el grupo.
Según el OCDH, las acciones represivas contra los participantes en las protestas del 11J han hecho que el número de presos políticos en Cuba haya aumentado hasta alcanzar cantidades que no se veían desde los años 80.
Las sanciones que pide la Fiscalía para nueve de los procesados de la provincia de Mayabeque son las siguientes:
Maikel Puig Bergolla
Por los delitos de: Desórdenes Públicos, 5 años; Desacato, un año y 6 meses; Instigación para delinquir, 18; Asesinado Tentado, 10 años.
Sanción única conjunta a 25 años de privación de libertad.
LMVP
Por los delitos de: Desórdenes Públicos, 4 años; Desacato, 6 meses; Desacato de la Figura Agravada, 4 años; Instigación a delinquir, 10 años; Atentado, 6 años; Evasión de presos, 6 años.
Sanción única y conjunta de 20 años de privación de libertad.
MDCV
Por los delitos de: Desórdenes Públicos, 4 años; Desacato, 1 año; Desacato de la Figura Agravada, 4 años; Instigación a Delinquir, 15 años.
Sanción única conjunta de 20 años de privación de libertad.
NRC
Por los delitos de: Desórdenes Públicos, 3 años de privación de libertad; Desacato, 1 año; Desacato de la Figura Agravada, 3 años; Instigación a Delinquir, 12 años; Asesinato en Tentativa, 10 años.
Sanción única conjunta de 18 años de privación de libertad.
YSD
Por los delitos de: Desórdenes Públicos, 1 año; Desacato, 6 meses; Desacato de la Figura Agravada, 1 año; Instigación a delinquir, 10 años, Asesinato tentado, 5 años.
Sanción única y conjunta de 15 años de privación de libertad.
YCP
Por los delitos de: Desórdenes públicos, 4 años; Desacato, 1 año; Desacato de la Figura Agravada, 3 años; Atentado, 6 años; Resistencia, 4 años; Evasión de Presos, 6 años.
Sanción única conjunta de 15 años de privación de libertad.
DRC
Por los delitos de: Desórdenes Públicos, 2 años; Desacato, 1 año; Desacato de la Figura Agravada, 2 años; Atentado, 5 años.
Sanción única y conjunta de 8 años de privación de libertad.
ERL
Por los delitos de: Desacato, 1 año; Atentados, 5 años.
Sanción única y conjunta de 6 años de privación de libertad.
NMT
Por los delitos de: Desórdenes Públicos, 4 años; Desacato, 1 año; Desacato de la Figura Agravada, 4 años.
Sanción única y conjunta de 6 años de privación de libertad.
Días atrás el OCDH emitió una declaración en la que afirmó que "las peticiones fiscales contra manifestantes en Cuba equiparan las protestas con los delitos de homicidio".
La organización con sede en España acusó a las fiscalías de las distintas provincias cubanas de pedir hasta 12 años de cárcel a personas que se manifestaron pacíficamente el 11J.
"Hemos documentado al menos 11 peticiones fiscales de entre 12 y cuatro años de prisión por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado, fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara. Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre ocho meses y un año de prisión", dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
En su opinión, de concretarse dichas solicitudes de penas de prisión, "serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos".
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