La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, y el periodista independiente Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14ymedio, intervinieron en este lunes en una sesión del Parlamento Europeo y su subcomité de Derechos Humanos para comentar las protestas ciudadanas del 11J y la reciente aprobación del Decreto-Ley 35, entre otros síntomas de la lamentable situación de los DDHH en la isla.
Desde Estados Unidos, Diversent se refirió a la forma en que el nuevo Decreto “afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de los cubanos”.
La abogada también se confesó "preocupada" por la facultad del régimen cubano de suspender los servicios de telecomunicaciones a conveniencia y “la obligación de brindar a las instituciones armadas del país, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, las facilidades técnicas y los servicios que requieran”.
“En nuestra opinión, esas facultades (…) son demasiado amplias y discrecionales, situación que favorece la arbitrariedad y el abuso de poder, y propicia las violaciones de los derechos fundamentales, entre ellos la privacidad de los ciudadanos”, aseguró la abogada cubana.
Más adelante apuntó que las protestas registradas en Cuba el 11 de julio son precisamente “un ejemplo del tipo de incidentes que se pretende evitar con el Decreto-Ley 35”.
“Ante hechos como estos los operadores o proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones tendrían la obligación de suspender el servicio de internet” al calificar ciertos “incidentes” como “daños éticos” o “ciberterrorismo”.
“Bajo estas categorías la transmisión en vivo de manifestaciones o la convocatoria online de protestas puede ser calificada como una difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra o la subversión social”, explicó la abogada.
“Estos preceptos afectan ilegítimamente la libertad de expresión. La lista de motivos para interrumpir el servicio de telecomunicaciones y con ello impedir el libre flujo de información excede a lo previsto en el derecho internacional para restringir derechos humanos”, aseguró Diversent.
Las disposiciones del Decreto-Ley 35 “son incompatibles con los estándares internacionales, debido a que restringen la libertad de opinión y expresión en el contexto digital y promueven la discriminación por motivos de opinión política”, añadió.
“Si bien el Estado tiene derecho a regular los servicios públicos de telecomunicaciones, la soberanía nacional no es motivo legítimo (…) para restringir los derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción”, precisó.
Desde La Habana y con problemas de conexión, el periodista Reinaldo Escobar se refirió a la repercusión de las históricas protestas del 11J, tras las cuales, dijo, “el país ha cambiado de una manera definitiva”.
Para Escobar, las “protestas van a continuar” por lo cual pidió a la comunidad internacional que esté atenta a "cómo va a reaccionar el Gobierno frente a esta presumible explosión social que tarde o temprano vamos a sufrir todos”.
Asimismo, aseguró que el Decreto-Ley 35 es una de las acciones represivas del régimen para evitar las manifestaciones de descontento popular. Debido a esa norma legal, “hoy puede ser catalogada como delito una opinión discrepante en las redes, que puede ser tomada por el Gobierno como algo que afecta el prestigio del país”.
“No hay una sola medida que haya tomado el Gobierno que pueda entenderse como una apertura”, enfatizó.
En junio, poco antes de los sucesos del 11J, el Parlamento Europeo aprobó por 386 votos a favor, 286 en contra y 59 abstenciones una dura resolución de condena a a la situación política y de Derechos Humanos en Cuba.
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