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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la aprobación del Decreto Ley 35/2021, por restringir el uso del internet en la isla y empoderar al estado para controlar el acceso al ciberespacio y el contenido que se publica.
"Estamos ante nuevas normas para reprimir la libertad de expresión. Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que han sido internacionalmente denunciados", afirmó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.
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La ONG, con sede en Madrid, resaltó a través de un comunicado que la nueva norma hace evidente el objetivo de perseguir a quienes disienten a partir de la amplia interpretación que se le puede dar por parte de funcionarios del régimen de La Habana.
"Denunciamos que el gobierno cubano aprovecha esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos, al incluir normas tan amplias. Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación. Esto es algo que hay que condenar. Es otra vuelta de tuerca de la represión en Cuba", añadió Cires.
El texto de la denuncia recordó que el marco jurídico implementado por el gobierno castrista califica como "difusión dañina", los contenidos que inciten a movilizaciones o actos que alteren el orden público, así como la penalización de cualquier acción "contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado".
También se penaliza la divulgación de supuestas "noticias falsas", "mensajes ofensivos" y la "difamación con impacto en el prestigio del país".
El OCDH alertó que el Decreto Ley autoriza a los operadores y proveedores de internet en Cuba a minimizar los riesgos asociados al empleo de sus redes y servicios e interrumpirlos cuando sean usados para transmitir "información falsa".
Para finalizar, el Observatorio llamó a organizaciones de la sociedad civil independiente y del mundo democrático a denunciar este intento del régimen por penalizar la libertad de expresión.
La nueva medida, con un elevado rechazo popular dentro y fuera de Cuba, viola el artículo 54 de la Constitución comunista de 2019: "El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión".
Entre las voces del mundo democrático que se alzaron contra el intento por limitar la libertad de expresión, está el embajador británico en La Habana, Antony Stokes, quien aseguró que esta y otras medidas "silencian 1voces legítimas y violan convenciones internacionales"
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