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El periodista cubano Julio Batista, ganador del Premio Rey de España, expresó este martes su oposición al Decreto Ley 35, recién publicado por el gobierno como otra herramienta legal para regular la libertad de expresión en Cuba.
“El DL.35 no es más que la concreción del anhelo totalitarista de manipular el pensamiento y la expresión de la gente a la que subyuga. Los decretos mordazas son un punto común, otro, entre las dictaduras”, expuso Batista en Facebook.
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“Cuba, con o sin DL.35 es una dictadura, solo que cada día tienen menos vergüenza para mostrarse como tal. Mal va un país donde pensar y hablar con libertad es un delito”, agregó.
La voz de Julio Batista, reportero multipremiado que en 2020 fue seleccionado para el programa Kiplinger Fellows en Estados Unidos en Asuntos Públicos de Periodismo, se une de esa forma a la de otros cubanos, entre ellos, la periodista cubana Yoani Sánchez, que en las últimas horas han condenado la salida de la legislación.
Usando dos hashtags o etiquetas, #NoAl35 y #NoAlDecretoLey35, los internautas de la isla han condenado la normativa, como sucediera tras la salida de otros como el Decreto Ley 370, que regula las publicaciones en internet con multas de hasta 3,000 pesos.
“El régimen cubano en un intento desesperado de silenciar las voces que de una forma u otra se alzan dentro de la isla, aprobó una nueva #LeyMordaza, un decreto que pretende criminalizar la libertad de expresión, pisotear uno de los derechos más fundamentales del ser humano”, escribió el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
“El decreto ley No.35 de las Telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación pretende tipificar hechos como el 'eco mediático de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país'. Incluyen también a lo que ellos llaman 'ciberterrorismo' como concepto por el cual procesar legalmente a quienes disienten contra un sistema comprobadamente inservible”, señaló.
Las redes sociales, a las que apunta el Decreto, se han convertido en los últimos años en espacios donde aflora constantemente el descontento de los cubanos, en aumento ante la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus. De igual modo, dichas plataformas tuvieron un papel crucial en las denuncias sobre la represión a las protestas masivas del 11J, como alternativa al silencio y la manipulación por parte de la prensa estatal.
A grandes rasgos, el Decreto 35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, aprobado en abril y publicado ahora, convierte en delito de "ciberterrorismo" el llamado a manifestaciones pacíficas contra el gobierno.
En sus presupuestos, el documento interpreta como “difusión dañina” la realizada “a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones /TIC, de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del estado, incite a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”.
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