La abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, aseguró que instructores policiales y oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado coaccionan a detenidos del 11J para que se retracten públicamente a cambio de perdonarles causas judiciales.
Tras las protestas se han visto declaraciones de manifestantes del 11J, ya sea en el noticiero nacional de televisión como en redes sociales, aclarando que no están en contra del gobierno sino que son simples trabajadores o estudiantes preocupados y afectados por la situación que atraviesa el país.
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Durante la emisión de este lunes de Las mañanas de CiberCuba, Diversent señaló que esto sucede porque los detenidos “no tienen conocimiento de cuáles son sus derechos” y, por tanto, “no saben que no pueden ser condicionados”.
Para la letrada, “el simple hecho de que tengas que salir en la televisión a estar hablando que estás en contra de la revolución o a favor muestra que hay un cuestionamiento a las personas que salieron” a protestar, lo que indica “que hay falta de libertad de expresión en el país”, dijo.
La abogada defendió que “no importan los motivos” para protestar cuando de lo que se trata es que la libertad de manifestación y de expresión son derechos humanos.
“Las retractaciones públicas incluso han sido exigencias de los propios instructores policiales la Seguridad del Estado para, por ejemplo, eliminar las causas penales”, precisó la abogada quien reconoció el “poder discrecional” que para ello tienen las fuerzas represivas. También aclaró que estas prácticas son una forma de presión y pidió a quienes estuvieran en esta situación que hicieran la denuncia.
Otras maneras de coaccionar a los cubanos son la vigilancia constante de las redes sociales hasta llegar al extremo de “ir por barrios completos llamando a la gente para aplicarles actas de advertencia sin que hayan cometido ningún tipo de delito”, dijo Diversent.
Además, advirtió que amenazan a quienes se expresan en sus redes sociales con imputarles “delitos graves”, “delitos en contra de la Seguridad del Estado”, sentenció la letrada.
Las retractaciones públicas son, al mismo tiempo, una manera de colaborar con las autoridades a cambio de mantener un puesto laboral, una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia o el derecho a continuar los estudios, amplió Diversent.
De esta forma, el manifestante se ve obligado a “hacer lo que dicen las autoridades policiales por el riesgo de que muevan toda la maquinaria judicial en su contra, por solo haber salido a protestar. Es el miedo que hay”, sentenció.
La abogada había manifestado con anterioridad que el miedo es el principal obstáculo a la hora de documentar las detenciones del 11J, y la razón por la que muchos familiares no se pronuncian públicamente ni piden asistencia legal a Cubalex, temiendo que empeore la situación legal de sus allegados.
Desde el 11 de julio Cubalex desarrolla una labor constante de documentación y acompañamiento legal a los detenidos por el 11J, y ha contribuido a enlistar a más de 800 cubanos presos y desaparecidos a raíz del estallido social.
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