La abogada cubana Laritza Diversent, directora de la ONG Cubalex, considera el miedo como el mayor obstáculo que ha enfrentado su equipo al elaborar un listado de los detenidos en Cuba tras las protestas del 11J.
El informe, que es de acceso público, detalla los datos conocidos hasta el momento sobre las personas arrestadas en cada provincia cubana como parte de la represión que desató el gobierno contra los civiles.
En conversación con CiberCuba, Diversent alegó que muchos familiares de los detenidos se resisten a dar detalles de aquellos que están tras las rejas o fueron sancionados por participar en una manifestación popular que pidió el fin del comunismo en la isla.
¿Cómo ha sido llevar a cabo esta recopilación de datos sabiendo todas las limitaciones que hay dentro de la isla?
La recopilación de información no es una tarea fácil teniendo en cuenta el miedo que hay al interior de Cuba, especialmente de los familiares y las personas que no están acostumbradas a hacer este tipo de denuncias públicas.
En este caso flexibilizamos las políticas que tenemos en la documentación, en aras de ganar en confianza. Recordemos que Cubalex ha sido expuesta dos veces en los medios de comunicación oficialistas y eso trajo consecuencias negativas para el trabajo de documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos.
Existe el miedo a denunciar públicamente y muchos piensan que al ser una organización que está fuera de Cuba, específicamente en Estados Unidos, podemos perjudicar la situación de las personas detenidas.
Muchos se inhiben de contactarnos y cuando lo hacen es con un nivel de desesperación muy grande porque no saben de sus familiares o porque han visto en las redes sociales que la denuncia facilitó la excarcelación de otros.
Después de las protestas del 11J aumentaron muchísimo los casos que engrosan el listado, algo que sabíamos iba a suceder. En esta tercera semana la cifra creció hasta las 700 personas detenidas y creo que es bastante significativo.
El segundo obstáculo es la falta de acceso a la información. Las autoridades no le facilitan ni a los abogados ni a la familia acceso a la investigación criminal que se denomina "Expediente de fase preparatoria" y esto impide un buen trabajo para la documentación.
Por eso, nosotros insistimos en que presenten un recurso de Habeas Corpus para tener una evidencia oficial de que la persona está detenida.
La falta de fe, el cansancio, el agotamiento de las personas al interactuar con las instituciones del Estado son también obstáculos, y en este sentido el Tribunal impone trabas en procesos relacionados con la impugnación de la detención.
¿Cuántas personas están detrás del listado de Cubalex?
No te lo puedo decir, porque muchos están en Cuba colaborando la verificación. Es un número grande, casi todos voluntarios y los ha movido el deseo de ayudar y visibilizar la situación.
Hay personas dentro y fuera de Cuba, trabajando o aportando en lo que puede, denunciando, llamando sobre un caso que detectaron, por tanto decirte un número exacto, no, porque con nosotros colaboran muchísimas personas que quieren aportar algo.
No reconocer el trabajo de ellos sería obviar una labor que necesitamos como organización para hacer este proceso de verificación, pero no revelamos nada que ponga en riesgo a aquellos que nos ayudan dentro de Cuba.
¿Cuán útil se puede sentir una persona, abogada y defensora de los derechos humanos en hacer este trabajo, aun cuando desde el oficialismo tratan de desmentir y demeritarlo?
Llevo más de diez años en mi trabajo como defensora de los derechos humanos y cuando el Estado dedica su tiempo a desacreditar a una organización es porque se está haciendo algo bien.
Creo que independientemente de lo que diga el Estado, que tiene todos los recursos para defenderse de las denuncias que hacemos, lo cierto es que el descrédito y la desinformación no es algo que nos preocupe.
Sabemos que trabajamos prácticamente a ciegas, pero no dejamos abandonados y en el olvido a las personas privadas de libertad, sabiendo que el Estado obstaculiza el acceso de los familiares a la información.
El Estado viola las garantías del debido proceso y para nosotros son más importantes las personas que lo que puedan decir o el descrédito al que nos tienen acostumbrados.
Si bien es frustrante percibir el miedo y la desesperación de la gente y no poder hacer más por ellas, el 11J demostró que la presión en redes sociales, a nivel internacional, de todos los cubanos dentro y fuera de la isla es un cambio con respecto al trabajo de defensa de derechos humanos que hacíamos antes de esa fecha.
Este trabajo nos dio una nueva perspectiva, nos obligó a colaborar y pensar más allá de los intereses individuales y organizacionales, y de él se nutren muchísimas otras organizaciones que le dan más fuerza a la documentación de casos, como por ejemplo a artistas o estudiantes.
Así se puede desagregar información de grupos vulnerables como las personas mayores de edad, con discapacidad, afrodescendientes o la comunidad LGBTI.
Para nosotros es importante esta labor, más allá de lo que representa, porque sirve de herramienta para la sociedad civil que se unió sin previo acuerdo y reconoce que hay necesidad de documentar, visibilizar la situación de los manifestantes del 11J por la especial trascendencia que tiene, incluso para la historia de Cuba.
¿Cuál crees que será la próxima movida legal del régimen? ¿Existirá posibilidad de una amnistía o simplemente dejarán que pase el tiempo para juzgar en tribunales municipales a todos los que puedan como método de escarmiento?
Tratar de predecir qué hará el Gobierno, que actúa fuera de toda lógica, no se puede hacer. Eso depende de cuán acorralado se sienta o el costo político que tiene reprimir de esa forma las manifestaciones del 11J.
Lo cierto es que nos tiene acostumbrados a abrir causas y dejarlas por un tiempo y cuando la persona no se acuerda de que le hicieron un proceso penal, lo citan para un juicio, lo sancionan y lo acusan.
Ahora mismo creo que ellos se están cuidando muchísimo por toda la atención internacional que generaron las manifestaciones, y puede ser una estrategia sancionar a un grupo de personas que ellos determinen.
No creo que apliquen una amnistía internacional, porque eso implica un perdón.
Otra estrategia pudiera ser dejar las cosas "dormidas", sancionar como medida ejemplarizante, conseguir más colaboradores en las Brigadas de Respuesta Rápida, entre otras.
Tenemos que recordar que estos procesos penales contra los manifestantes son aplicaciones selectivas de la ley y no todas las personas que participaron en las protestas del 11J.
A los manifestantes los acusan de desorden público, entonces ¿por qué no son procesados los que estaban a favor del Gobierno si también participaron? Tampoco son acusados de propagación de epidemia. Ahí lo que vemos es una discriminación selectiva de la aplicación de la ley por motivos de opinión política.
Básicamente están esperando a que baje la presión internacional o el punto de mira sobre Cuba. De nosotros depende esta documentación, visibilización de los detenidos y procesados, bajo reclusión domiciliaria o fianza, de aquellos que les impusieron multas.
Todo puede ser en aras de evitar que las personas salgan a manifestarse porque todos estos procesos judiciales, penales, de investigación criminal tienen un solo objetivo y es que la población se inhiba de ejercer su derecho a la protesta y reclamar lo que le corresponde.
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