La joven cubana Nara Kelly Clavijo Jiménez, de 18 años de edad, es otra de las adolescentes que se encuentran en Cuba a la espera de juicio por participar en las protestas del 11J, en la miles de cubanos salieron a las calles a exigir derechos y libertades.
“Por participar en las manifestaciones de La Habana del pasado 11 de julio, Nara Kelly Clavijo (18 años) se encuentra en espera de juicio bajo un régimen de prisión domiciliaria. El Observatorio de Alas Tensas exige el retiro de todos los cargos en su contra”, denunció la Revista Feminista Cubana.
Como parte de la campaña “Mujeres cubanas que participan en la política”, la revista feminista Alas Tensas, informó de un nuevo y triste caso de enjuiciamiento de una adolescente cubana por el supuesto “delito” de manifestarse.
Según informaron a través de sus redes sociales, “Nara Kelly Clavijo Jiménez estuvo detenida por más de 14 días tras haber participado en la manifestación en 10 de Octubre, La Habana, como parte del estallido social pacífico y espontáneo que se dio en la isla el 11 de julio”.
En su post de denuncia, Alas Tensas indicó que la joven “se encuentra actualmente en espera de juicio, bajo el régimen de prisión domiciliaria”. Asimismo, la publicación exigió a las autoridades del país “el retiro de todos los supuestos cargos en su contra, porque manifestarse NO ES UN DELITO”.
El caso de Clavijo Jiménez se suma al de la estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, a quien un tribunal de La Habana condenó a ocho meses de cárcel por su participación en las recientes protestas que conmovieron a Cuba.
Zequeira Hernández recibió un trato vejatorio en prisión que incluyó la orden de desnudarse así como varias amenazas sexuales por parte de un alto cargo, según denunció la joven a la organización no gubernamental Cubalex.
“El lunes [12 de julio] a las cinco de la mañana me levantaron y me dijeron que recogiera mis pertenencias que me iba para mi casa. Yo estaba contenta pensando que ya era libre y lo que hicieron fue montarme en un camión muy estrecho para llevarme a 100 y Aldabó”, declaró la joven en desgarrador testimonio concedido a Cubanet.
Una vez en la Unidad de la PNR de 100 y Aldabó la llevaron al vestuario y le dijeron que se quitara la ropa. Primero el ajustador y luego el short y el blúmer. Luego le dijeron que tosiera fuerte y que hiciera cinco cuclillas mientras se apretaba el bajo vientre. Finalmente, a la adolescente le pidieron que se introdujera el dedo en su parte íntima. El relato de las amenazas y vejaciones sufridas por la menor, contiene otras crueldades cometidas por los funcionarios de la policía que la maltrataron física y psicológicamente.
La adolescente forma parte de un grupo de al menos 13 menores de edad que, según los registros de Cubalex, se encuentran detenidos en todo el país desde que estallaron las protestas. En la isla la responsabilidad penal es a partir de los 16 años aunque la mayoría de edad es a los 18.
En ese grupo, estaría también la menor de edad, Amanda Hernández Celaya, arrestada durante las manifestaciones en La Habana. Como en el caso de Gabriela, también estaba acusada de desorden público, pero fue juzgada y absuelta en un juicio sumario, gracias a la rapidez de la familia en la búsqueda de asistencia legal para la menor y en la difusión de su caso por las redes sociales y otros medios.
“Agradezco a todos los que desde las redes sociales, desde instituciones y organismos internacionales y desde varios medios de prensa, dieron visibilidad al caso y ejercieron presión para lograr su liberación. Estoy convencida de que sin ese apoyo el resultado hubiera sido otro”, declaró desde La Habana la periodista independiente Miriam Celaya, tía de Amanda.
Los juicios sumarios contra manifestantes del 11J comenzaron esta semana a lo largo del país y se reportan unos 40 procesados, de manera expedita y con limitado acceso a un abogado defensor, lo que ha desatado críticas de gobiernos y organismos internacionales. El gobierno cubano no ha ofrecido información sobre los resultados de los procesos judiciales realizados, pero ha realizado declaraciones contradictorias que indican el conocimiento de irregularidades cometidas y la aceptación de la vulneración de los derechos y las garantías judiciales de los acusados.
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