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Un tribunal ruso aprobó este miércoles la solicitud de la fiscalía para declarar a las organizaciones vinculadas al opositor encarcelado Alexei Navalny como "extremistas".
La medida proscribe al movimiento de Navalny en todos los ámbitos y pretende borrar del mapa político al principal exponente de la disidencia en Rusia.
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Poco antes de la medianoche en Moscú, el Tribunal de esa ciudad declaró como organización extremista a la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK) de Navalny y prohibió su actividad en el territorio ruso.
Las mismas medidas se dictaron contra otra ONG vinculada a Navalny, la Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos --etiquetada de "agente extranjero" en Rusia-- y a la red de oficinas regionales del opositor.
Según la Fiscalía, la plataforma opositora de Navalny busca la desestabilización social y política de Rusia y tiene por objetivo cambiar el orden constitucional a través de las llamadas "revoluciones de colores", argumentos muy similares a los que ha venido utilizando la propaganda gubernamental cubana contra el activismo en la isla.
La medida llega días antes de que el presidente norteamericano Joe Biden se reuna con el presidente ruso Vladimir Putin y seguramente empujará el movimiento hacia la clandestinidad después de varios meses en los que los esfuerzos del Kremlin para reprimir la disidencia han entrado en una fase más agresiva.
Según la nueva ley, los organizadores, los donantes o incluso los partidarios de Navalny en las redes sociales ahora podrían ser procesados y enfrentar penas de prisión.
Navalny fue arrestado en enero después de haber regresado a Moscú tras recuperarse de un envenenamiento el año pasado que, según funcionarios occidentales, fue llevado a cabo por agentes rusos. Luego resultó condenado a prisión. Desde entonces, miles de rusos han sido detenidos en protestas; los principales políticos de la oposición han sido encarcelados o forzados al exilio; los medios de internet han sido calificados de "agentes extranjeros"; y Twitter y otras redes sociales se han visto sometidas a presiones gubernamentales.
"El estado ha decidido luchar contra cualquier organización independiente con un bombardeo total", dijo la Fundación Anticorrupción de Navalny, uno de los grupos declarados extremistas el miércoles, en una publicación de Twitter antes del fallo judicial.
El Kremlin niega haber jugado algún papel en la campaña contra Navalny y su movimiento, e insiste en que el poder judicial de Rusia es independiente. Los analistas y abogados, sin embargo, consideran que los tribunales están subordinados al Kremlin y a los servicios de seguridad, especialmente en casos políticamente delicados.
La "oposición no sistémica" es el término que usa Putin y otros funcionarios rusos para los grupos políticos que no están representados en el Parlamento y que piden abiertamente la destitución del presidente. Durante años, han sido tolerados, aunque vigilados de cerca y, a menudo, perseguidos. El fallo del miércoles apunta a que esta tolerancia ha llegado a su fin.
Los fiscales habían acosado a Navalny y a otras figuras de la oposición, pero generalmente con pretextos, como la violación de las reglas sobre reuniones públicas, de leyes no relacionadas con sus actividades políticas o, más recientemente, de regulaciones contra las reuniones para limitar la propagación del coronavirus.
El desmantelamiento de la red nacional de Navalny marca una nueva fase de represión de la disidencia a través de un proceso legal formal para disolver las organizaciones de oposición, a pesar de que la Constitución del país de 1993 garantiza formalmente la libertad de expresión.
La campaña del Kremlin contra la oposición cobró intensidad después del regreso de Navalny desde Alemania, donde estaba recibiendo tratamiento médico tras el ataque con el agente nervioso Novichok. La policía arrestó al opositor en el aeropuerto y un tribunal lo sentenció a dos años y medio de prisión por una violación de la libertad condicional por una condena en un caso de malversación de fondos que, según el grupo de derechos humanos, tuvo motivaciones políticas.
Esta primavera los fiscales solicitaron que la corte proscribiera el movimiento de Navalny, usando una designación que compara a sus miembros con terroristas, sin molestarse en hacer mucho caso público de que los grupos sin fines de lucro eran en realidad organizaciones sediciosas. Las pruebas se clasificaron y el caso se escuchó a puerta cerrada en un tribunal de Moscú.
La ley contra el extremismo ofrece un amplio margen para una represión generalizada de la oposición en los próximos días o meses, dicen los expertos legales rusos, pero no está claro cómo se hará cumplir.
Según la ley, los organizadores del grupo podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años si continúan con sus actividades. Cualquiera que donara dinero podría ser condenado a prisión por hasta ocho años. Los comentarios públicos, como las publicaciones en las redes sociales a favor de los grupos del Sr. Navalny, también podrían ser procesados como apoyo a los extremistas.
El caso estaba dirigido a tres grupos sin fines de lucro, la Sede de Navalny, el Fondo para la Lucha contra la Corrupción y el Fondo para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos. En una decisión preliminar, el tribunal ordenó el cese de algunas de las actividades de estos grupos el mes pasado.
Anticipándose al fallo final, los partidarios de Navalny disolvieron uno de los grupos, el Cuartel General de Navalny, que dirigía su red de 40 oficinas políticas, antes de que el tribunal tuviera la oportunidad de designarlo como un grupo extremista. Los ayudantes de Navalny dijeron que esperaban que algunas oficinas continuaran funcionando como organizaciones políticas locales independientes.
"Por desgracia, debemos ser honestos: es imposible trabajar en estas condiciones", dijo un asistente de Navalny, Leonid Volkov, en un video de YouTube, advirtiendo que continuar operando expondría a los partidarios del líder de la oposición a un proceso penal.
Impedido de formar un partido político, Navalny ha trabajado en cambio a través de varias organizaciones no gubernamentales. Estos grupos han persistido durante años, a pesar de la presión implacable de las autoridades rusas, para impulsar una campaña anticorrupción que ha frustrado y avergonzado a Putin, a menudo utilizando las redes sociales con gran impacto.
El gran ejemplo es el documental sobre la corrupción del mandatario ruso, que se ha hecho construir una opulenta mansión a orillas del Mar Negro con dinero de amigos y empresarios, en lo que diversos medios independientes describen como “el mayor soborno de la historia”.
El video realizado por Navalny y sus colaboradores, ha sido visto más de 100 millones de veces en internet, según datos del portal YouTube.
Todo parece indicar que el Kremlin estaba decidido a aplastar ese esfuerzo antes de que pudiera dar frutos.
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