La reportera de CiberCuba Iliana Hernández cumple 54 días de reclusión domiciliaria ilegal, imposibilitada de ejercer su libertad de movimientos sin orden de juez alguno y sin estar acusada de ningún delito.
“¿Cuándo se cansarán de esta estupidez?”, preguntó Iliana este martes en su cuenta de Facebook, donde compartió un video en el que se distingue al represor de la Seguridad del Estado que hace guardia en la esquina de su casa.
Iliana, quien ha sido blanco de las difamaciones y el discurso de odio de Humberto López en la televisión estatal cubana, también padece continuamente el corte de sus servicios de telefonía móvil y fija, con el objetivo de dificultar su labor periodística y su activismo cívico.
La vigilancia sobre Iliana Hernández se mantiene durante el día y la noche. Más allá de la “estupidez” que esto significa, la pregunta que se hacen muchos es ¿cuánto le cuesta al Estado cubano reprimir de esta manera a los activistas de la sociedad civil independiente?
La violación sistemática de los derechos de muchos activistas cubanos es un hecho que ha sido denunciado por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. El acoso policial y los ilegales arrestos domiciliarios que padecen decenas de artistas, periodistas, activistas y opositores son cada día más visibles a los ojos de la opinión pública cubana e internacional.
En el caso de Iliana, huelguista de San Isidro y personaje de carácter fuerte, la Seguridad del Estado ha intentado silenciarla aplicando diferentes estrategias, desde actos de repudio frente a su domicilio, multas por “escándalo público”, “receptación ilícita” y otros motivos.
Además, ha sido detenida arbitrariamente en múltiples ocasiones, empleando la violencia en muchas de ellas, llegando al punto de provocar lesiones a Iliana y a su madre en uno de esos operativos. También le han confiscado los equipos informáticos con los que trabaja, le han amenazado y la someten a interrogatorios con la teniente coronel Kenia y otros represores.
En la televisión estatal al servicio del régimen y en los medios de comunicación oficialistas, Iliana ha sido acusada de “mercenarismo” y otros supuestos delitos con los que la Seguridad del Estado intenta amedrentar a los activistas de la sociedad civil cubana.
El protagonismo de Iliana en las campañas de ‘La Cola de la Libertad’ y ‘SOS Cuba’ también ha provocado la irritación y el incremento de la vigilancia y la represión sobre la reportera de CiberCuba que, desde diciembre pasado, cuenta con cámaras de videovigilancia en su barrio apuntando hacia su casa.
En febrero pasado, la periodista independiente Luz Escobar compartía las explicaciones dadas por el abogado Eloy Viera Cañive acerca de los arrestos domiciliarios que practica el régimen cubano y que ella padece y denuncia constantemente.
“El artículo 94 e) establece que nadie puede ser privado de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de tribunal. También me dijo [el abogado] que ‘cuando se te condena a permanecer al interior de tu casa, sin ninguna resolución de autoridad competente, se viola flagrantemente el derecho que tienes a la libertad (Art. 46 de la Constitución)’”, indicó Escobar.
Asimismo, el abogado precisó que “no existe ninguna ley que establezca que las personas pueden ser sometidas a detención domiciliaria por indicaciones de la Seguridad, y sin que medie proceso o disposición judicial”.
“Y es que la reclusión domiciliaria es una medida cautelar reconocida en el artículo 255 de la Ley de Procedimiento Penal y, de acuerdo a esa propia ley, consiste en la obligación del acusado de no salir de su domicilio sin la autorización del Instructor o del Tribunal”, dijo Escobar, quien especificó que “la reclusión domiciliaria puede imponerse solo en el caso que una persona esté siendo acusada de algún delito, como parte de las medidas de aseguramiento de un proceso penal”.
La reclusión domiciliaria, el acoso policial y la vigilancia que padece Iliana son una estupidez y un despilfarro de un régimen que destina los recursos que hagan falta para impedir que el mensaje de la sociedad civil se convierta en clamor de la calle.
Pero además son ilegalidades que comete un régimen que practica un terrorismo de Estado al volcar todo su andamiaje represivo y copar todas las instituciones con un discurso exclusivista y de odio sobre activistas pacíficos a los que viola sistemáticamente sus derechos.
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