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La activista Omara Ruiz Urquiola, una de las acuarteladas de San Isidro, denunció la incomunicación en la que el régimen cubano mantiene a Luis Manuel Otero Alcántara sin que le asista ningún derecho a ello.
“¡No es un recluso, tiene derecho a hablar!”, publicó Ruiz Urquiola en su página de Facebook, refiriéndose a la opacidad y la manipulación con que las autoridades cubanas están manejando el ingreso forzoso de Otero Alcántara en instalaciones hospitalarias.
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Desde que el pasado domingo, en la madrugada, la Seguridad del Estado violentara la puerta de entrada en el domicilio de Otero Alcántara -según reportaron vecinos- y lo trasladaran al Hospital Calixto García, las informaciones sobre el estado del artista son deliberadamente confusas y contrarias a cualquier protocolo médico que preserve la intimidad de los pacientes.
Con el ánimo de desacreditar al activista que pasó una semana en huelga de hambre y sed, los medios oficialistas se han lanzado a “informar” sobre su estado de salud, presentando el resultado de pruebas analíticas e informes médicos que, según estos, “demuestran” que Otero Alcántara ingirió comida y líquidos durante su huelga.
Basada en esa supuesta “información”, algunos medios de titularidad pública y seguidores del régimen han orquestado una campaña de difamación sobre el joven artista, llegando a burlarse de él y de integrantes de la sociedad civil cubana preocupados por su estado de salud. Con esa finalidad, han expuesto datos de la historia clínica de Otero Alcántara y exhibido públicamente imágenes de su presunto ingreso en el centro hospitalario.
Sin embargo, son varios los médicos y especialistas que han puesto en duda los datos y las interpretaciones oficiales de los mismos, detectando errores e inconsistencias que contradicen las propias informaciones ofrecidas por los medios de comunicación en poder del régimen.
En medio de este caos informativo en un tema tan delicado y que ha movilizado a la opinión pública nacional e internacional, la pregunta que se hacen muchos es por qué Luis Manuel Otero Alcántara permanece incomunicado y por qué no le dejan ofrecer su versión de los hechos.
Dudas razonables sobre la legalidad de la actuación de la Seguridad del Estado se solapan con las sospechas de que el activista haya sido forzado a deponer su huelga, de que esté siendo alimentado o hidratado en contra de su voluntad y de que presente un verdadero cuadro clínico del que no se informa.
Al no estar incurso en ningún procedimiento judicial, no ser reo de ningún delito y ni siquiera pesar sobre él ninguna acusación formal, la exigencia de que a Otero Alcántara se le permita comunicarse es pertinente.
El mensaje de Ruiz Urquiola apunta en ese sentido y desafía al propio ordenamiento jurídico del régimen. Aunque, teniendo en cuenta el proceder de la Seguridad del Estado, que corta internet y líneas móviles a activistas, familiares y vecinos preocupados por la salud o relacionados de algún modo con Otero Alcántara, no extraña que mantenga esa política en estos momentos.
Tratando de hacerse con el control del discurso, el régimen cubano corta las comunicaciones y extiende un opaco manto sobre estos acontecimientos. Pero, lejos de amortiguar la conversación con su estrategia, los activistas de la sociedad civil cubana están cada vez más movilizados y tomando nota de todas las tropelías que se están cometiendo. El despliegue policial en los alrededores del Hospital Calixto García da fe de la preocupación del régimen por la credibilidad de sus informaciones
La situación induce a muchos a pensar que la Seguridad del Estado trama una de sus típicas jugadas. En el sucio espectro de maniobras del régimen hay quienes temen por la integridad física y psíquica de Otero Alcántara. La debilidad del huelguista, sumada a las drogas que pueden estar utilizando para sedarlo, hace temer un montaje de autoinculpación como otras tantas veces se ha visto a través de las pantallas de televisión en los hogares de los cubanos.
De momento, lo único cierto en toda esta historia es que Luis Manuel Otero Alcántara no ha podido dar su versión de los hechos, ni ofrecer declaraciones de ningún tipo. Tampoco se le permiten visitas de amigos y activistas de su entorno que puedan trasladar un mensaje suyo.
Para tratarse de un paciente que, según los partes oficiales, estaba sano, consciente, caminando por sus propios pies y bien alimentado, no se entiende que lo retengan incomunicado. Su expediente médico preocupa, pero el expediente verdaderamente preocupante en su caso es el de la Seguridad del Estado, una institución conocida por “enfermar”, “enloquecer” y “accidentar” a quienes desafían al régimen totalitario.
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