Joe Biden y Cuba: Cuentas pendientes 100 días después

El presidente Joe Biden arriba a sus primeros 100 días en la Casa Blanca con una voluminosa agenda de asuntos pendientes sobre la política hacia Cuba y un calendario incierto para cumplir las principales promesas de campaña a sus electores cubanoamericanos.

Biden hablará este miércoles ante el Congreso, en un discurso que debe estar centrado en la presentación de su ambicioso plan de infraestructura para el país y acaso hará mención a algunos de los retos urgentes de Estados Unidos en la arena internacional. Pero como es de esperar, Cuba no va a ser ni por asomo un tema de referencia entre sus apremiantes asuntos de política exterior.

Las razones han sido repetidas hasta el cansancio por la actual administración por vía de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, de los funcionarios del Departamento de Estado y del propio Antony Blinken: Modificar la política hacia Cuba no es una prioridad de Washington.

Si algún elemento puede ser ilustrativo sobre la relegación del caso cubano por el actual gobierno es que desde su llegada al puesto de Secretario de Estado, Blinken ha contactado o establecido comunicación con más de 60 cancilleres y líderes políticos de países vecinos y aliados, y representantes de bloques regionales, comenzando por los vecinos México y Canadá. Blinken ha tenido la cortesía de llamar hasta al canciller de la lejana Mongolia, Battsetseg, pero hasta ahora -al menos públicamente- la conexión diplomática no ha sintonizado con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, a pesar de las insistentes apelaciones de La Habana a buscar un camino de negociación entre ambas partes.

Para los analistas y agoreros que antes del pasado 20 de enero se adelantaron a pronosticar la restauración de la política de deshielo hacia Cuba, implementada durante la era Obama, la realidad ha sido otra completamente distinta durante la etapa de arrancada de la administración Biden que se cierra este jueves.

Aunque el propio mandatario insistió en su campaña electoral que buscaría retornar a la política de deshielo de Obama hacia Cuba, el panorama de emergencias estadounidenses y una perspectiva más serena sobre el inmovilismo del régimen cubano, han condicionado pasos mucho más calibrados con relación a la aproximación anunciada.

Por si quedaban dudas de que la cautela primará ante cualquier acercamiento o voluntad aperturista hacia La Habana, el director principal para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, lo puso bien claro sobre la mesa: "Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba... El momento político ha cambiado de forma importante, porque se ha cerrado mucho el espacio político".

Lo que sí ha dejado establecido con firmeza el gobierno de Biden mientras somete a revisión su política hacia Cuba, es que las relaciones diplomáticas bilaterales estarán sustentadas en el pilar de la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.

Justamente, el momento de mayor fricción entre ambas partes estuvo motivado por el informe anual de derechos humanos de 2020, publicado a comienzos de este mes. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) convocó al Encargado de Negocios de la embajada de EE.UU en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, y emitió una airada nota por las "alegaciones engañosas y politizadas que sobre Cuba realizó el Departamento de Estado".

Pero más allá de fijar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos como estrategia hacia el régimen de La Habana, Biden está obligado a dar respuesta en un plazo inmediato a tres compromisos hechos para catapultar su plataforma electoral: la restauración de las remesas, la autorización de los vuelos comerciales al interior de la isla y la reanudación del programa reunificación familiar.

Tres asuntos de vital significado para la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos y para sus familiares en la isla en medio de circunstancias agravadas por la pandemia.

En una entrevista con CiberCuba en vísperas de la elección presidencial, Biden afirmó que empoderar al pueblo cubano sería la brújula de su política hacia Cuba,y dijo que si llegaba a la Casa Blanca eliminaría de inmediato las restricciones a las remesas y viajes a la isla.

"Las restricciones de [Donald] Trump a las remesas y los viajes (...) perjudican al pueblo cubano y mantienen a las familias separadas. También abordaré el atraso de más de 20 mil visas que ha aumentado bajo la administración Trump", prometió entonces.

Interrogada la pasada semana sobre los motivos de la larga espera para levantar ese trío de sanciones específicas, una fuente de la Casa Blanca dijo a CiberCuba que la administración está realizando una revisión exhaustiva de la política hacia Cuba, y no se quiere tomar una decisión apresurada que signifique reponer transacciones y vínculos con entidades cubanas sin un análisis profundo.

"No tenemos un plazo para implementar cambios en la política establecida", dijo la fuente.

En cuanto al Programa de Reunificación de Familias Cubanas (CFRP), detenido desde finales de 2017 y con más de 22 mil casos pendientes, el gobierno se ha propuesto también una revisión a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las autoridades del DHS dijeron que estudian una solución en colaboración con el Departamento de Estado para facilitar los trámites de entrevistas de los solicitantes aceptados, aunque el atraso total de las solicitudes de reunificación familiar supera las 100 mil.

A la vez, Biden tiene en su listado de asuntos cubanos la posible reapertura de trámites consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pero la decisión tampoco parece estar a la vuelta de la esquina. Por lo pronto, el Departamento de Estado nombró a la embajadora Pamela Spratlen como asesora principal de alto nivel para investigar los incidentes acústicos que motivaron el cierre de las operaciones en la sede diplomática, pero aún no se avizoran los primeros pasos para la vuelta a la normalidad en el funcionamiento consular allí.

No obstante, en materia de inmigración Biden ha viabilizado el camino legal para más de 8 mil cubanos varados en la franja fronteriza de México desde 2019 bajo el Programa de Protección del Migrante (PPM), y ha liberado de las centros de detención de ICE a decenas de cubanos para que esperen en libertad su audiencia de asilo ante un tribunal de inmigración.

También las autoridades de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) han entregado registros de entrada a cientos de inmigrantes cubanos que han llegado en las últimas semanas hasta territorio estadounidense como parte del flujo imparable desde Centroamérica. Este grupo no cuenta con un parole, pero el registro en su poder pudiera validarse como un documento oficial de entrada si prospera una reclamación judicial ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), presentada desde el pasado 25 de enero.

La reevaluación de la política hacia Cuba deberá también decidir a corto plazo sobre la posible reanudación de las charlas migratorias semestrales, descontinuadas por la administración Trump desde 2018.

Otras cuentas pendientes de Biden que tienen implicaciones directas en el rumbo que tomen las relaciones de Estados Unidos y Cuba son:

• Permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo. La decisión es parte de la revisión general de la política hacia la isla, y cualquier cambio tomaría semanas y hasta meses antes de hacerse efectivo. No hay ningún indicio de que la administración haya hecho alguna acción para propiciarlo. Mantener a Cuba en el listado implica restricciones financieras y comerciales, y dificulta la posible designación de un embajador estadounidense en La Habana.

• Vigencia del Título III de la Ley Helms-Burton. Permite demandas en tribunales federales para buscar compensación de compañías extranjeras que usen o trafiquen con propiedades confiscadas por el régimen cubano a ciudadanos estadounidenses. En dos años de activado, se han presentado 36 demandas, pero hasta el momento ninguna ha llegado a juicio. El presidente tiene la opción de revisarlo y comunicar al Congreso con 14 días de antelación si va a desactivarlo, pero por el momento es una tarea pospuesta.

• Caso de la ciudadana estadounidense Alina López Miyares, condenada a 13 años de prisión por acusaciones de espionaje. López Miyares está presa desde 2017 y ha reclamado su liberación por motivos de salud.

• Empresas y nacionales cubanos en las "listas negras" del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. No se han incluido nuevas sanciones desde la llegada de Biden a la presidencia, pero ambos departamentos podrían evaluar la retirada de algunas entidades y personas sancionadas. La administración tiene actualmente bajo revisión las restricciones legales que impiden a los viajeros de Estados Unidos alojarse en hoteles destinados por el gobierno cubano para cumplir los requisitos de cuarentena por el coronavirus en la isla.

• Advertencia de Nivel 4 para viajeros a Cuba. Recomendación de no visitar la isla debido a las preocupaciones de seguridad y las condiciones relacionadas con el COVID-19. La advertencia escaló de nivel 3 a 4 en agosto de 2020, y fue ratificada el pasado 20 de abril.

En una audiencia ante el Congreso el pasado marzo, el secretario Blinken afirmó que la administración está comprometida a consultar cualquier cambio de política hacia Cuba con la comunidad cubanoamericana. La consulta comporta obviamente el criterio del cubanoamericano de mayor rango en el Congreso, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, severo crítico de la política de flexibilización de Obama y opuesto a normalizar las relaciones con el régimen cubano.

“No vamos a tomar ninguna acción unilateral sobre Cuba antes de consultar al Congreso. No tenemos planes de hacerlo”, enfatizó Blinken.

La referencia de Blinken vislumbra un panorama de máxima prudencia respecto a la reconsideración de la política hacia Cuba y, a primera vista, no parece un buen presagio para quienes apostaron por una "hoja de ruta" encaminada al desmontaje a marcha forzada de las sanciones impuestas por Trump.

Y la línea de reforzamiento político totalitario que trazó el reciente VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, con aumento del poder de los militares y el portazo a cualquier señal de oposición democrática, no resulta muy estimulante para movidas desde Washington.

En todo caso, Biden ha marcado hasta ahora un ritmo propio respecto al régimen cubano y no cabe esperar por sorpresas inmediatas. Tal vez el próximo 20 de mayo, cuando la Casa Blanca debe enviar un mensaje a los cubanos en ocasión del aniversario 119 del nacimiento de la república independiente, sea una fecha propicia para descifrar el horizonte de la hasta ahora inmóvil política hacia Cuba.