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Las autoridades de Sancti Spíritus han recaudado en dos meses más de un millón de pesos en concepto de multas por violaciones de precios.
Según información del semanario Escambray, la Dirección Integral de Supervisión (DIS) de la provincia ha sancionado a más de 250 personas, al amparo del Decreto No. 30 del Consejo de Ministros, que sanciona el incumplimiento de la política de precios y tarifas en la comercialización de bienes y servicios.
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Sara Luna Triana, jefa de grupo en la DIS, reveló que la cuantía por las multas impuestas asciende a 1 millón 293.500 pesos, fundamentalmente en los municipios de Sancti Spíritus, Trinidad y Jatibonico.
La mayor parte de las sanciones se aplicaron en entidades del sector estatal dedicadas al comercio y la gastronomía, así como en puntos de venta del sistema de la agricultura urbana.
Entre las infracciones más recurrentes estaban no contar en los locales con las normas de elaboración de los productos, no publicar los precios y tener las pizarras informativas desactualizadas.
Asimismo, se sancionó la venta de alimentos por debajo del gramaje establecido, un problema que los inspectores han perseguido sobre todo en las panaderías, donde se detectaron irregularidades en el peso del pan de la canasta básica.
En cuanto al sector privado, Luna Triana precisó que la mayor parte de las multas se pusieron en cafeterías, donde los precios no estaban visibles y se ofertaban productos de fabricación industrial de primera necesidad, como la pasta dental.
Por esas violaciones, la DIS solicitó a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que como sanción adicional, se les retirara de manera temporal o definitiva la licencia para el ejercicio del cuentapropismo a 34 autónomos, la mitad de ellos residentes en el municipio cabecera.
Con la entrada en vigor del Decreto No. 30 el Gobierno cubano se hizo de un nuevo y severo cuerpo legal para arreciar el control sobre el incumplimiento de los llamados precios topados o máximos, con los cuales se obliga a productores y comerciantes estatales y privados a vender en la cuantía que ordena el Estado, en medio de una profunda escasez de artículos de primera necesidad.
La citada norma jurídica castiga con multas de 2.500 hasta 15.000 pesos a personas naturales vinculadas con la venta de bienes y servicios, de forma mayorista o minorista, que violen las tarifas fijadas por el régimen.
En Villa Clara, el cuerpo de inspectores estatales recaudaron en febrero y marzo al menos 7 millones 650.375 pesos en multas por infracciones sanitarias y de precios y tarifas.
Según el diario Juventud Rebelde, el 75 por ciento de las transgresiones "ocurren en el sector estatal, al cual le corresponde ser ejemplo de acatamiento".
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