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Cuba vive momentos de extrema gravedad. El sistema ha fracasado política, económica y socialmente. Sus crisis acumuladas han hundido a la mayoría de los cubanos en la miseria.
El inmovilismo del gobierno en un momento pareció deberse rivalidades internas o al dogmatismo de algún sector, sin embargo, hoy todo se reduce a indolencia y a poco apego a ideales como el de justicia social.
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Cada día aumenta el número de cubanos que manifiestan su descontento por pobreza y las desigualdades; la madre que se planta junto a su hija en un colchón en una calle céntrica de la Habana; aquellas que le reprochan en las redes a Miguel Díaz-Canel su responsabilidad ante la crisis alimentaria que enfrentan las familias; el señor mayor de 60 años enfermo de cáncer de próstata, que denunció los trabajos que pasa para poder comer; el esposo que ve fallecer a su esposa sin que llegue la ambulancia; y otros, como el joven holguinero que se quitó la vida impotente por las multas impagables que le pusieron.
Lo incomprensible de esta realidad, es que nadie asume responsabilidades. La élite sigue envuelta en una farsa de propaganda como si su legitimidad estuviera intacta y sus acciones no tuvieran un alto costo social.
El pueblo cubano no se merece esta prolongada situación. Nunca lo ha merecido, por muchos errores que se le pueda imputar, entre ellos el miedo y el silencio. Cuba tampoco tiene que ligar su futuro a la implosión en cámara lenta del régimen.
Lamentablemente, quien más puede hacer por los cubanos es quien menos parece tener la voluntad para ello: Miguel Díaz-Canel. ¿Qué podría hacer el presidente por los cubanos?
En octubre de 2020, presentamos una propuesta que llamamos “Bases para una reforma política consensuada en Cuba: cuestiones generales y constitucionales”. Se trata de una propuesta de transición pactada hacia la democracia teniendo como pilares fundamentales:
El consenso político, entendido como valor esencial para el advenimiento de un sistema democrático y también como clave posibilitadora de un acuerdo nacional. El pacto debe ser observado como posible, como realizable, tanto por las instituciones cubanas actuales, con las que se cuenta, como por los actores políticos y de la sociedad civil de la isla y del exilio. Para poder pactar habrá que sacrificar posturas maximalistas en beneficio del bien e interés general del pueblo cubano.
La reforma política, de la ley a la ley como vía para el cambio que menor costo social traería y que evitaría que Cuba caiga en una situación de vulnerabilidad ante amenazas internas y externas como pueden ser el crimen organizado. Se propone la reforma frente al inmovilismo o el colapso que algunos pueden predicar. Ni con el mantenimiento del sistema actual; ni tampoco cayendo en el mismo error de no tener en cuenta, para el presente y el futuro, la opinión de los actuales gobernantes.
La reforma política debe ser transversal y buena para todos los cubanos, sin perder de vista que el proceso que proponemos busca ante todo el interés general de la nación, y que también debe prestarse especial atención a las minorías y a cualquier grupo de ciudadanos que se sienta actualmente excluido.
La transición maximiza su legitimidad, cuando reconoce, respeta e incorpora los intereses de las minorías. El bien común se logra apuntando hacia la creación de las condiciones sociales, culturales, educacionales y económicas que propicien ese desarrollo personal en libertad y, junto a dichas condiciones, también se buscará la justicia social, porque somos conscientes de que, en procesos como estos, muchos necesitarán del acompañamiento del Estado y de la sociedad civil.
Ningún cubano debe sentir temor al futuro, del miedo se ha alimentado durante décadas el inmovilismo.
Pero esa voluntad de consenso, pacto y reforma debe consolidarse en una serie de pasos formales y legales. En primer lugar, el reconocimiento de que el pueblo cubano es el verdadero y único soberano y, por tanto, no puede existir ideología o partido que condicione o limite este principio.
Una de las expresiones políticas de la restitución de la soberanía al pueblo, es el respecto inmediato al pluralismo político, que, además, es expresión genuina de la diversidad política, cultural y social del país. No cabe pacto alguno sin el reconocimiento de todas las sensibilidades políticas como posibles actores democráticos.
Todo ello debe desembocar en una asamblea constituyente democrática para la cual se deberá convocar a elecciones de delegados, permitiendo el sufragio libre de todos los cubanos, con independencia de su lugar de residencia. De esa asamblea constituyente plural saldría la carta magna que regiría los destinos de una Cuba democrática.
Si está en condiciones y tienen la voluntad de favorecer un proceso en el espíritu planteado, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel -e incluso el primer ministro, Manuel Marrero Cruz-, podría un papel fundamental en todo el proceso ejerciendo el liderazgo abierto, transparente y convocante del mismo y manteniendo la estabilidad y el funcionamiento del país mientras dure la transición.
Después de 60 años de ausencia de política democrática y de formación cívica, no pocos cubanos podrán ver esta propuesta como imposible e incluso como un acto de ingenuidad. Pero haciendo las salvedades que toquen, no seríamos nosotros los primeros en hacer una transición de esas características.
Tanto el gobierno como quienes hacemos oposición debemos preguntar qué estamos dispuestos a sacrificar por el bien de los cubanos, en especial de los más pobres y desvalidos. Por los mayores y enfermos crónicos y por los jóvenes que no ven futuro en su propio país.
Apretar la tuerca hasta que se rompa, al parecer la apuesta de algunos gobernantes, no es ni patriótico ni inteligente. Tampoco de buenas personas.
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