Elena Larrinaga de Luis y Yaxys Cires Dib, dos prominentes miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC) han elaborado una agenda que apuesta por una transición pacífica a la democracia por la vía de la reforma política y legal, que quieren consensuar con otros opositores al castrismo y en la que contaron con la asesoría de expertos en Derecho Constitucional, según el documento al que ha tenido acceso CiberCuba en exclusiva.
La convocatoria de una Constituyente, que será transitoria hasta la elección de un parlamento democrático, el reconocimiento del pueblo cubano como depositario único de la soberanía nacional, el pluripartidismo, una economía social de mercado, conceder a las provincias el carácter de circunscripción electoral únicas, y la inclusión de los emigrados en el censo electoral, son las bases de la propuesta política de Larrinaga y Cires que -aclaran- no es un documento oficial del PDC, pero "no lo hemos elaborado de espaldas a nuestro partido".
Larrinaga apuesta claramente por una economía social de mercado que ponga "en valor la formación, espíritu emprendedor y solidaridad del pueblo cubano", concede un papel protagónico a las mujeres cubanas -en su mayoría empobrecidas por el castrismo- en la transición y se apoya en la larga tradición de "diálogo exitoso" de la Democracia Cristiana con todos los actores políticos en diferentes partes del mundo.
La nueva propuesta para una solución de los problemas de Cuba se asienta en la voluntad política de sus redactores de "contribuir a un escenario de transición posible; yendo de la ley a la ley", subraya Cires, que se desempeña como Coordinador Ejecutivo del PDC y resalta la importancia de los valores cristianos en la historia e identidad de los cubanos.
"No cabe pacto alguno sin el reconocimiento de todas las sensibilidades políticas como posibles actores democráticos", establece el documento, que ha sido enviado a opositores de todas las corrientes de dentro y fuera de Cuba, según sus promotores.
"La soberanía, razón de ser de todos los poderes, pertenece al pueblo cubano. Sin aditivo alguno que bastardee, minusvalore, condicione ni vincule ideológica o partidistamente este principio legitimador esencial y universal", precisa la iniciativa de dos destacados democratacristianos.
La propuesta defiende el "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para la elección" de la Constituyente, "sin matiz alguno (...) que podría hacer encallar el proceso" democratizador de Cuba, donde se propone un sistema electoral proporcional, no mayoritario, y entre 150 y 200 escaños, suficientes para que dicha proporcionalidad quede asegurada y respaldada por votación de los electores.
La circunscripción electoral debería ser la provincia, dicen Larrinaga y Cires, que han basado su propuesta en el actual ordenamiento territorial de la Isla; y los cubanos residentes en el extranjero podrán inscribirse en el censo electoral, a través de los consulados donde residan, pero indicando como provincia en la cual será contado su voto la última en la que residieron en Cuba.
La ciudadanía cubana podrá ser acreditada con cualquier documento oficial (inscripción de nacimiento, carné de identidad, pasaporte, registro consular, etcétera.) con independencia de su caducidad, y las autoridades constituyentes estarán obligadas a facilitar la inscripción de los votantes para que todos los cubanos puedan ejercer su derecho democrático, sin exclusión alguna por razones de residencia, propugna el documento.
Para coordinar el proceso electoral democrático, Larrinaga y Cires sugieren la elección consensuada, entre todos los partidos políticos, de los miembros de una Junta Electoral Central que monitoree los comicios constituyentes, a los que deben asistir observadores internacionales que certifiquen la transparencia política y legal del proceso.
Entre el inicio de la reforma política y la celebración de elecciones democráticas habrá de procederse a la redacción de una Constitución de la República de Cuba para el siglo XXI, en la que no deberá participar el Gobierno, aunque el Partido Comunista podrá participar con sus representantes, como parte del consenso necesario entre cubanos, pero la nueva Carta Magna debe quedar aprobada por una mayoría cualificada de la Constituyente y luego refrendada, en plebiscito, por los cubanos con derecho a voto, incluidos los emigrados.
El documento no aborda una Amnistía política general que beneficie a los reos de conciencia para que recobren su libertad y sus derechos civiles como el de votar y tampoco aclara si los militares, un colectivo sobredimensionado para el tamaño de Cuba y con peso específico en la economía y el gobierno tardocastristas, tendrán derecho o no al voto.
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