A casi dos meses de la entrada en vigor de la Tarea Ordenamiento en Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez ratificó que la población tiene reclamos que se alejan de la “esencia del ordenamiento monetario” y que no se pueden admitir, como el de mantener los subsidios, que han sido eliminados en medio de la peor crisis económica y social que vive el país.
“El ordenamiento sí defiende la justicia social, pero no con igualitarismos. No defiende la justicia social subsidiándolo todo; la defiende amparando al más desamparado, al más vulnerable y protegiendo al que lo necesita”, subrayó en reunión del Consejo de Ministros.
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Díaz-Canel alegó que en este tiempo “se han ido rectificando cuestiones que no nos salieron bien”, sin mencionar medidas que han tenido que echar atrás por quejas de la población, como la nueva tarifa eléctrica.
El líder comunista culpó de los errores a la falta de capacitación de los cuadros, quienes no cumplieron con lo que se había diseñado, y a la burocracia que demora y complejiza todos los procesos.
Como ejemplo citó el tema de los altos precios que se impusieron en los comedores obreros, un aspecto que según él estaba bien diseñado en la tarea y que sin embargo fue lastrado por la falta de sensibilidad e inquietud revolucionaria de algunos directivos.
“Marzo puede ser un mes de consolidación, de acercarnos al ordenamiento en su expresión más pura, más transparente”, dijo, citado por el diario Granma.
“Hay que trabajar mucho y sacar lecciones, porque procesos complejos como este vamos a seguir viviendo en estos tiempos, sobre todo en el ámbito económico”, añadió.
En opinión del mandatario, algunas personas han asociado erróneamente el ordenamiento a antiguas deformidades económicas y malas prácticas que ya existían.
También vinculó las inconformidades de la ciudadanía con la falta de comunicación y de argumentación a los colectivos, y aseguró que hubo decisiones que tuvieron buena acogida cuando se explicaron mejor.
Por su parte, Manuel Marrero informó que las principales insatisfacciones de la población están relacionadas con el alza de los precios, muy superiores a los actuales salarios, que a muchas personas apenas les alcanzan para sufragar los gastos más elementales.
“Ha habido un proceso de rectificación de cosas, pero en lo fundamental han ocurrido a partir de las preocupaciones y las quejas de la población, no necesariamente sobre un proceso que se haya podido prever antes de que se hayan tomado las decisiones”, reconoció.
Murillo admitió también que los precios excesivos, tanto estatales como no estatales, se deben a que al dar a conocer los precios que se podían poner a los productos y servicios, el gobierno publicó las cifras máximas (topes); sin embargo “todo el mundo desde el primer día se puso en el límite máximo, sin corregir las distorsiones del punto de partida, sin tener en cuenta los inventarios”.
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