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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha identificado al menos cuatro puntos débiles en la implementación de la Tarea Ordenamiento en Cuba: falta de preparación de directivos de empresas, problemas que había antes de la unificación monetaria y que se achacan ahora a ésta; déficit de explicaciones a los trabajadores y la ineficiencia del sector estatal.
Según recoge Granma, diario oficial del Partido Comunista, el primero de estos obstáculos de la Tarea Ordenamiento señalado por Díaz-Canel es "la insuficiente preparación de algunos directivos, sobre todo en el sector empresarial" de la Isla.
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Esa falta cualificación de los directivos de empresas estatales "provocó una incorrecta interpretación de las normas y, a su vez, una incorrecta implementación de determinados aspectos", dijo ayer el sucesor de Raúl Castro en Cienfuegos, durante el acto de cierre del recorrido nacional que ha venido haciendo desde enero para reunirse con cuadros y dirigentes del PCC.
En segundo lugar, Díaz-Canel citó problemas que existían en Cuba antes del inicio de la Tarea Ordenamiento y que ahora se relacionan y se achacan a ésta pero, en su opinión tienen "otra solución, otro tratamiento" y no es precisamente dentro del proceso que comenzó el 1ro de enero.
Un tercer obstáculo que ha enfrentado la Tarea Ordenamiento, a ojos del gobernante cubano, es la mala argumentación que las administraciones de las empresas han dado a los trabajadores. Por tanto, responsabiliza a esas administraciones de la "insatisfacción, incertidumbre e incomprensiones" que han manifestado los empleados cubanos.
Aunque no los mencionó, se refiere a los carboneros de Las Tunas o los estibadores del Puerto de La Habana, que se negaron a trabajar por estar en desacuerdo con la nueva escala salarial planteada por el Gobierno.
Para el mandatario cubano ha fallado además "el enfoque" de la eficiencia en las empresas estatales en Cuba. "La gente habla separadamente de precios, de costos y de salarios, pero no encuentra la relación entre dichos elementos a partir de un riguroso análisis económico basado en la eficiencia", señaló.
Hay otros reclamos, dijo Díaz-Canel, que son contrarios a ejecutar el "ordenamiento" de la economía cubana en un momento de crisis mundial, pero el gobernante cubano dejó claro que "con eso no se transa" porque en su opinión escuchar esas opiniones perjudica al país.
Fiel al discurso triunfalista de la prensa estatal cubana, Díaz Canel considera que muchas de las trabas que ha enfrentado la Tarea Ordenamiento ya están resueltas.
No es el único que piensa así. El zar de la economía cubana, Marino Murillo, dijo ayer en Cienfuegos que la Tarea Ordenamiento "ha generado hechos positivos" que se están notando ya en la economía de la Isla.
El hombre de la continuidad de Fidel Castro en Cuba avanzó además que durante el mes de febrero estarán observando y dando seguimiento a cómo evoluciona la Tarea Ordenamiento porque su intención es "perfeccionarla" o como dijo hace unos días "ordenar el ordenamiento".
Díaz-Canel cuenta con que en este mes de febrero, los cubanos cobrarán su sueldo completo por lo que podrán hacer cálculos y organizarse mejor.
No cuenta, por tanto, con opiniones como las del economista cubano Elías Amor, que vaticinan que los precios continuarán cuesta arriba en Cuba y animan al Gobierno del PCC a modificar el tipo de cambio fijo (1 dólar x 24 pesos) e igualarlo al del mercado informal (1 dólar x 50 pesos).
Pero de eso no habló Díaz-Canel en Cienfuegos. Sí dejó claro que está convencido de que "el ordenamiento era necesario y no podíamos esperar más para aplicarlo".
En esta línea, defiende que la Tarea Ordenamiento "impulsará la nación" y hará que la economía cubana sea "más transparente". También cree que ayudará a que los cubanos superen la mentalidad importadora y se pasen a la exportadora.
Asimismo ratificó su intención de "mantener el principio de justicia social, pero sin igualitarismos" y de garantizar el pleno empleo en Cuba. Ésta última promesa es difícil de cumplir teniendo en cuenta que el propio Marino Murillo ha avanzado que muchas empresas estatales no podrán aguantar el ordenamiento y cerrarán, lo que afectará a unos 300.000 trabajadores.
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