La abogada de Cubalex, Laritza Diversent, explicó las consecuencias legales de la difamación pública que llevan adelante los principales medios de prensa oficialistas de Cuba contra los huelguistas de San Isidro, a quienes relacionan con delitos graves como incitación a la violencia y vinculación con el terrorismo.
"Por supuesto no existen evidencias ni pruebas con peso, nada de esto tiene una base legal, pero está prejuiciando muchísimo a la opinión interna, donde se encuentran los jueces o las personas que en el futuro pudieran estar manejando un proceso penal si algún día el Estado intenta iniciar tal proceso contra ellos", advirtió.
"Están acosando y prejuiciando sin pruebas y sin evidencias y además haciéndolo público, es una campaña de descrédito, que pone en situación de riesgo a cada una de las personas que han expuesto en los medios de comunicación, llevan varios días a partir del 28 de noviembre, luego del #27N, todos los días están atacando y exponiendo en los medios tanto a los miembros del #MovimientoSanIsidro, como a personas vinculadas con él", declaró Diversent.
La abogada se refirió al caso de la activista y reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, quien el lunes fue difamada en el Noticiero de la Televisión Cuba, a raíz de lo cual ha comenzado a recibir mensajes de odio a través de sus redes sociales y este martes fue víctima de un mitin de repudio frente a su casa en Cojímar.
"Esto es consecuencia directa de la exposición que el Estado ha hecho al exponer a estas personas. Si bien el MSI posiblemente sea ahora mismo el movimiento más conocido dentro de Cuba, implica que sus miembros puedan ser atacados con mucha más facilidad, identificados como blanco de violencia", dijo la especialista.
"Debemos estar conscientes que el Estado tiene a nivel institucional, incluso en las comunidades a través de los CDR, muy bien organizadas a las Brigadas de Respuesta Rápida. Estos grupos son violentos y utilizan la violencia tanto verbal como física y son instrumentos para la agresión que ordena la Seguridad del Estado en connivencia con el MININT y estas brigadas, que ya están organizadas y solo reciben el llamado de los órganos del Ministerio del Interior para actuar y justificar en este caso por parte de los agentes del Estado del MININT, las detenciones violentas y con uso excesivo de la fuerza como pasa en casi todos los mítines de repudio, mientras el Estado, a nivel internacional, dice estar protegiendo a las personas defensoras de derechos humanos, de las masas enardecidas, cuando es el mismo Estado el que está provocando toda la situación o clima de violencia", apuntó.
La abogada responsabilizó al Estado cubano de cualquier ataque contra estas personas, producto del "escarnio público que está haciendo contra los activistas del MSI y las personas vinculadas a ellos".
"En el caso de Iliana, hay un paso muy pequeño entre la violencia online y la violencia física. En las redes la han llegado a amenazar de violaciones y abusos sexuales, con comentarios agresivos y fuertes que ya la atacan a ella como mujer, que no solo estamos hablando de la exposición de los activistas, sino que ya hay un tipo de violencia de género muy específica que está sufriendo Iliana con todos estos actos que le están haciendo, como consecuencia directa de la exposición mediática", sostuvo.
Diversent también citó el ejemplo de Katherine Bisquet, quien luego de todos estos sucesos fue prácticamente desalojada del alquiler donde se encontraba por presiones a los dueños de la vivienda.
"Toda esta situación sí está colocando a los activistas en una situación de riesgo y los expone a que sean objeto y blanco directo de actos de violencia y la responsabilidad total no solo es del Estado, sino también incluso de los locutores y periodistas que están transmitiendo este tipo de comunicado. Ellos tienen muy buena parte de la responsabilidad, no solo los que están arriba que dirigen el Ministerio del Interior, también estas personas están incitando a la violencia y al odio contra personas que ellos saben que son completamente pacíficas, las cuales están siendo sometidas a imputaciones de cargos y delitos aunque si fuera a iniciarse un procedimiento penal contra ellos, pues ya desde el mismo principio se estarían violando las garantías del debido proceso, incluso antes de iniciarse tal proceso", indicó la abogada.
Por último, Diversent sostuvo que su mayor preocupación es la violencia a la que están siendo sometidas estas personas.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (4)Archivado en: