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La candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas (ONU) ha generado rechazo entre destacados referentes democráticos latinoamericanos con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
En una declaración promovida por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), prominentes figuras de la política, la diplomacia y la academia manifiestan su “rechazo a la nueva candidatura porque no es representativa de las aspiraciones democráticas y el compromiso internacional con los derechos humanos de la región”.
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El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 60/251 por la que se creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ella se estableció que, al elegir a sus miembros, se deberá tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como las promesas y contribuciones voluntarias que hayan hecho al respecto.
Asimismo, los miembros elegidos al Consejo deberán defender las más altas exigencias en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y ser examinados con arreglo al mecanismo de examen periódico universal durante su período como miembros. El período establecido para ser miembro del CDH es de tres años y se permite sólo una reelección.
No obstante estos requisitos, un Estado totalitario como el cubano ha integrado el CDH durante cuatro períodos (2007-2009; 2010-2012; 2014-2016; 2017-2019). En febrero de este año, el canciller Bruno Rodríguez anunció en la sede del organismo en Ginebra la intención del régimen de postularse para el período 2021-2023.
De ser electa nuevamente, Cuba estaría habilitada para presentarse en 2023 a la reelección. Si lo consiguiese, alcanzaría estar representada durante 18 de los 20 años de vida de este organismo.
Esta posibilidad resulta llamativa, considerando que Cuba es el único país de América Latina que no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero resulta incongruente si, además, se tiene en cuenta la falta de compromiso del régimen cubano con el sistema universal de derechos humanos.
La Declaración promovida por CADAL subraya la incoherencia tomando en consideración que el régimen cubano es de partido único (comunista). Esta anomalía adquiere carácter constitucional desde 2019 y se refuerza en el artículo 137 que establece el procedimiento de reforma de la Constitución. En dicho artículo, se establece la excepción de reforma en “lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable (socialista) lo establece el artículo 3 del Capítulo I”.
Los firmantes de la declaración resaltan que el régimen cubano no ha dado señales reales de iniciar una reforma, sino que mantiene “una política de estado que criminaliza los derechos a la libertad de asociación, reunión, prensa, expresión y participación política”
A comienzos de septiembre, ante la postulación del régimen castrista, CADAL publicó un elaborado informe sobre “Las votaciones de cuba en sus 12 años en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
“A lo largo de los doce años de presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen cubano ha tenido un patrón de comportamiento cómplice con las graves violaciones a los derechos humanos sufridas en otras partes del mundo. Así lo demuestra el registro de sus votaciones, oponiéndose a la aprobación de resoluciones en las que se han condenado y tomado medidas sobre las situaciones más críticas de violaciones a los derechos humanos”, señalaba el reporte.
Al parecer, esa tendencia no va a cambiar. Así lo hizo saber el propio Bruno Rodríguez al presentar la candidatura del régimen para el período 2021-2023. “De resultar elegida al Consejo, Cuba continuará promoviendo sus tradicionales iniciativas”, sostuvo su canciller.
“Su complicidad y alineamiento han sido constantes con los más diversos regímenes autocráticos en todas las regiones del mundo… Son numerosas las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos que señalan como negativa la presencia de representantes de gobiernos represivos en los organismos encargados de dar forma y supervisar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos”, expresaba el informe de CADAL.
“Las democracias del mundo, y en especial las latinoamericanas que con esfuerzo y dificultad trabajan para continuar consolidando el respeto por los derechos humanos, deben oponerse a la candidatura cubana y la de otras autocracias al Consejo de Derechos Humanos, y deben hacerlo en forma pública y activa para no permitir el debilitamiento del sistema universal de protección de derechos humanos”, indicaba el documento.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 países miembro. De ellos, 8 pertenecen al Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC). De ahí la importancia que tienen iniciativas e investigaciones como las de CADAL para impedir que un régimen violador de los derechos humanos de sus ciudadanos se convierta en árbitro internacional de esta materia.
Por su parte, la administración norteamericana ha sido especialmente crítica con la postulación de Cuba al CDH. El secretario de estado, Mike Pompeo ha hecho hincapié en la venta de servicios médicos en la isla, la principal fuente de divisas de La Habana, por considerarla una forma de trata de personas y de esclavitud moderna.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, también ha sido muy crítico con la iniciativa del régimen cubano. Según recordó en un tuit “Cuba niega la entrada a expertos #DDHH de la ONU sobre tortura, detención arbitraria, libertad de reunión y religión”. Y añadió que “el régimen se opone sistemáticamente a resoluciones de @UN a favor de víctimas en Irán, Corea del Norte y Siria”. Por tales motivos, consideró que Cuba no debería ser elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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