En medio de la crisis sanitaria y de abastecimiento que azota a Cuba la Policía Nacional Revolucionaria publicaba en su página web, hace dos meses, el anuncio de un proceso de captación para contratar choferes para la Unidad Provincial de Patrullas de la Habana.
Además de los requisitos que debían cumplir los interesados, la nota informaba de la retribución que se obtiene en dicho puesto: "1400 CUP mensuales y pagos adicionales por especialización, categorización profesional, tiempo de servicio, así como el recibo de un sueldo doble dos veces al año".
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, el salario medio en el sector de la salud y asistencia social en el año 2019 era de 965 CUP, en el de la educación 783 CUP. Si comparamos el salario de un chofer de patrulla recién incorporado con el de un médico, o un maestro experimentado, podemos sacar una pronta conclusión acerca de la importancia que le otorga el régimen cubano -único pagador de estos profesionales- a unos y otros.
Las escenas de brutalidad policial en Cuba son noticia diaria, como el desabastecimiento y el malestar de la población. Los cubanos de a pie, los que hacen colas, se debaten entre el riesgo de contagiarse de coronavirus o languidecer de hambre.
El plan del régimen para lidiar con la crisis y la pandemia contiene el ingrediente sino-ruso por excelencia: la represión. La política del miedo, y el reglamento de la tonfa se aplican sobre una ciudadanía desesperada ante la pobreza y la falta de perspectivas.
Mediante la violencia, el régimen se ha perpetuado en el poder. Los miles de pesos en multas o el control de la movilidad son la punta del iceberg, ahora más visible, de su aparato represor. Pero, por debajo de las injusticias punitivas o de la exacerbada paranoia del control de la población, está la añeja y masiva presencia del terrorismo de Estado.
El hipertrofiado músculo represor del régimen ha conseguido inmovilizar a una sociedad mediante el sometimiento de la misma al clásico ideal del totalitarismo: el individuo sin libertad y el Estado ejerciendo todo el poder sin divisiones ni restricciones.
Fidel Castro, que estuvo en la prisión modelo de Isla de Pinos, aplicó el modelo del panóptico al control de toda la sociedad. Cada individuo se sabe vigilado, es consciente de que “siempre hay un ojo que te ve”. Esto garantiza el despliegue automático del poder: una relación de dominación en la que el poder se concentra, el individuo se aísla y la masa se somete aterrorizada, sin saber quién la vigila ni cuándo o cómo la castigan.
El triunfo de este modelo es el que ha hecho innecesario en Cuba, por ejemplo, revelar la existencia de fuerzas antimotines. Es casi imposible que se encienda una chispa de rebelión, mucho más que prenda y se extienda.
Cuando lo han necesitado, han rodeado de policías y paramilitares disfrazados de “pueblo” a cualquier grupo que se manifieste, ya sean Damas de Blanco, miembros de UNPACU o activistas del Movimiento San Isidro. La calle es de Fidel, y el estacazo también.
Movilizar a “todo el pueblo” es la propaganda que envuelve la decisión política más ilustre de los militares: sacar a todos los cuerpos represivos a la calle. Los boinas rojas, los avispas negras, la policía, los perros, todos disfrazados de “pueblo”, de anticoleros, o de heroicas fuerzas herederas de la Sierra y el Moncada. Es decir, represores con uniforme y armas, y sin cerebro ni alma.
Las imágenes están a la vista de todos. Largas colas para comprar cualquier cosa, el país hecho una ruina, los servicios públicos depauperados y la gente hambreada. Pero, del otro lado, se ven dirigentes y militares con el pescuezo más gordo cada día, y unas fuerzas especiales, unos matones bien comidos, musculosos, armados y adiestrados para obedecer cualquier orden que salga de esos cuellos rechonchos.
¿Cuánto le cuesta al régimen cubano mantener ese aparato represor? ¿Cuánto dinero destina a alimentar, entrenar y equipar a esos miles de policías, militares, tropas especiales y milicias que ahora se despliegan por toda Cuba para machacar y amedrentar a la gente?
¿Cuánto dinero y recursos detraen de servicios públicos como salud y educación, y de la canasta básica de alimentos que el Estado pretende garantizar? ¿Ha de creerse a las estadísticas oficiales cuando está demostrado que el país es uno de los menos transparentes del mundo? ¿Existe alguna institución u órgano independiente en Cuba que controle, audite y exija rendición de cuentas públicas?
En los países democráticos se elaboran presupuestos detallados y transparentes que son aprobados por mayorías conformadas por los distintos partidos políticos que componen el poder legislativo. Cualquiera con necesidad o curiosidad puede acceder a la información. Una sencilla búsqueda en internet informa del destino del dinero público presupuestado.
En España, por poner un ejemplo, el presupuesto de la Dirección General de Policía en 2019 fue de 3.195 millones de euros, de los que se destinaron más de 28 millones a inversiones en medios (chalecos, armamento y equipos) para los miembros de la Policía Nacional.
En el caso de Cuba no hay búsqueda sencilla y no hay dinero público, sino una caja de cartón en pesos para el pueblo, y una opaca caja fuerte en divisas para la élite político-militar que controla la economía dolarizada, mayormente en manos de la gran famiglia a través de GAESA.
El presupuesto aprobado para 2020 por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba no desglosa los gastos destinados a Defensa y solo nos deja saber que el 18,5 por ciento del presupuesto nacional en CUP se destina a Administración Pública y Defensa. Sin aclarar qué parte de los más de 8.500 millones de CUP de este apartado van a Defensa específicamente.
Siendo así, resulta imposible saber cuánto dinero gastan en mantener a los ciudadanos a oscuras y callados, rumiando tripa mientras bien alimentan, equipan y entrenan a los agentes del silencio.
Escarbando aquí o allá en bases de datos extranjeras, se puede saber que Cuba compró a España en 2010 materiales y tecnología de “doble uso” (civil y militar) por valor de 2,8 millones de dólares. Entre 2005 y 2014, el régimen cubano le compró a ese mismo país 27,7 millones de dólares en tecnología de “doble uso”, 871 mil en armas y municiones, 776 mil en armas de caza y tiro deportivo, y 463 mil en material de defensa. Más recientemente, en 2015, le compraron sistemas de visión nocturna para la PNR, por valor de 208 mil dólares, mientras que en 2017, el régimen gastó 2.776.115 de dólares en tecnología de “doble uso” comprada solamente a España.
¿Cuánto habrá gastado en total, comprando a otros países, en material para la represión en Cuba? Por ejemplo, en 2018 Rusia le abrió un crédito de 50 millones para gastos de defensa. Tampoco se sabe cuánto ingresa por adiestrar a fuerzas represivas de países como Venezuela o Nicaragua. No se tiene idea del dinero que gasta o ingresa el negocio de la represión, pero se puede intuir que el régimen cubano invierte en esta empresa con mucho ímpetu y celo.
Se podría seguir intentando desvelar el misterio a base de jirones, pero las estadísticas no servirán de mucho para argumentar en contra de una realidad que habla por sí sola. Por cada hambriento o agraviado que proteste en Cuba, puede que haya uno o dos represores bien alimentados dispuestos a silenciarlo.
La proporción puede ir cambiando en la medida que no se solucione la crítica situación que vive el país. Mucha gente está llegando otra vez al límite de la desesperación. Pero la experiencia indica que, en esos momentos, no cesa la represión, sino que se intensifica. A la vista está la necesidad de seguir captando represores bien retribuidos. Es decir, que el régimen gastará lo que haga falta para no perder el poder, así sea a costa del vaso de leche prometido a los niños.
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