Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, defendía este lunes en el Granma, el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, que "cuando las multas pesan en el bolsillo, conminan a una actuación más responsable".
No está descubriendo el agua tibia: decía esto en medio del anuncio de la imposición en la capital cubana de sanciones de entre 2000 y 3000 pesos, reguladas por el Decreto 14/2020, a aquellos ciudadanos de la capital que, en esencia, hagan una vida normal en tiempos anormales de coronavirus y desabastecimiento en el país.
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Ahora en La Habana te pueden caer 2000 pesos de multa por no llevar bien puesta la mascarilla, jugar o practicar deporte en un parque, beber en la calle, celebrar fiestas, incumplir el toque de queda o no guardar la distancia de seguridad en una cola.
Es cierto que las multas ayudan a prevenir infracciones y también es cierto que al amparo de la pandemia, a las autoridades se les ha ido la rosca a la hora de fijar el importe de las sanciones, sin caer en la cuenta de que hay una diferencia muy grande entre multar para disuadir y hacerlo con afán recaudatorio.
Hagamos cálculos. La semana pasada se impusieron en La Habana 4320 multas de 2000 pesos con las que el Estado cubano aspira a recaudar en una semana al menos 8,6 millones de pesos (CUP).
En sólo en siete días, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel pretende hacerse con el equivalente al sueldo mensual de 10.000 trabajadores, atendiendo a que el salario medio mensual es de 879 pesos (datos de 2019). Saquen cuentas: en un mes, recaudará los ingresos de 40.000 habaneros. Es brutal.
Pongamos otro ejemplo sencillo. En España, si usted es multado con 200 euros por aparcar en una zona indebida y paga la multa en 15 días, sólo tendrá que abonar la mitad del importe (100 euros). En Cuba, si no pagas la multa en 10 días, se duplica el precio a pagar, según explicó a Granma Dyxán Fuentes Guzmán, fiscal jefe provincial en La Habana. O sea, si no consigues 2000 pesos (83 CUC) en 10 días, te obligan a pagar 4000 (166 CUC).
Otro ejemplo: durante el estado de alarma, España implantó multas de 600 euros por incumplir con el toque de queda y las medidas sanitarias dictadas para contener el contagio del coronavirus. Ese importe, el más popular en el país, está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (950 euros en 2019). En cambio en Cuba, la más baja de las multas (2000 pesos) duplica ampliamente el salario medio mensual de los cubanos (879 pesos, en 2019).
La pregunta del millón es ¿qué pasará si nadie paga esas multas desorbitadas que está imponiendo el Gobierno de Cuba en La Habana? ¿Qué pasa si apretamos tanto a la gente, que tiene que elegir entre comer o ir a la cárcel? ¿Qué pasa si la ciudadanía se declara en rebeldía y decide no entrar en el juego del Gobierno?
Mucho me temo que en esta ecuación nos falta una variable fundamental. No pasará nada porque entre la multa y el ciudadano, como intermediario existe un fenómeno muy arraigado en Cuba, que se llama corrupción. Los policías nacionales revolucionarios van a hacer literalmente el agosto en la calle.
En un país hundido por las calamidades es impresentable establecer, en estos momentos, un régimen sancionador desproporcionado que, desgraciadamente, no estará vigilado por agentes formados en academias exigentes, sino por efectivos autoritarios, que a la más mínima encañonan a una familia. En lugar de aplacar y resolver problemas, crean otros. Y si no, que se lo pregunten a las madres que sólo este año han perdido a sus hijos, víctimas de disparos de policías cubanos.
Los vemos continuamente en los vídeos que nos hacen llegar los lectores de CiberCuba. En medio del descrédito general de las instituciones creadas por el Partido Comunista de Cuba, la Policía Nacional Revolucionaria es hoy por hoy la institución más desprestigiada de la Isla. Ya se intuía en la época anterior a Internet y la democratización de los teléfonos celulares. Hoy no hay un solo vídeo que recoja una acción positiva de un agente de un Cuerpo, que no sabe lo que significan las palabras rapidez, efectividad, honestidad y auxilio.
Lejos de fomentar la unidad entre todos los cubanos, los comunistas han optado por enfrentar a habaneros con ciudadanos nacidos en provincias del Oriente cubano, creando un órgano represivo que ha convertido esta zona del país en un vivero de candidatos a emigrar, porra en mano, a La Habana.
Las brigadas de anticoleros empiezan a desprender tufo a corrupción. Es lo que pasa cuando se paga mal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un Estado: se corrompen. La PNR lleva años apestando a podrido, pero los comunistas cubanos han optado por esconder la basura debajo del sofá para no verla. Pero que no se vea no significa que no exista y que no apeste.
Es tremendamente injusto lo que está ocurriendo en La Habana. Hemos leído, incluso, barbaridades sobre limitaciones y sanciones que han afectado a personas con algún tipo de discapacidad y a madres solteras con hijos menores a los que hasta hace poco se les abría fuego por hacer una cola.
El coronavirus está sacando a flote las miserias y la intolerancia del Partido Comunista. Antes podíamos imaginarlo, ahora sabemos que su fracaso tiene un perfil muy bien definido: cuadros con el coeficiente de inteligencia en busca y captura.
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