El Ministerio del Interior decomisó a un campesino de Alquízar, provincia Artemisa, unas 48 toneladas de ajo, almacenadas en cuatro depósitos. Al momento del operativo policial ya había comercializado otras 75 toneladas por un valor total de dos millones de pesos cubanos, según informó la televisión cubana.
El reportaje televisado agregó que el campesino, de la CCS Frank País, pudo vender el ajo en las provincias de Pinar del Río y Camagüey, al tener unos contratos en blanco facilitados por la cooperativa.
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El ciudadano está acusado de "enriquecimiento ilícito" y se encuentra bajo investigación además por tener bajo su poder cuatro tractores que no poseen toda la documentación actualizada y por sembrar en las tierras de otro campesino y esconder el origen de la mercancía.
La cacería del MININT a las ilegalidades en Cuba, en tiempos de coronavirus, se ha convertido en asunto cuestionado por algunos activistas de la isla.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos critica, entre otras cuestiones, el empleo del método de "atestado directo" del procedimiento proceso penal "sumario", ya que implica una fuerte limitación de garantías procesales para los imputados, que suelen enterarse formalmente de qué se le acusa —y tener acceso a un abogado— escasas horas antes del juicio.
A pesar de las críticas sobre el régimen de La Habana por potenciar estos enjuiciamientos públicos, que sirven para intimidar a la población y mostrar la fuerza que se ejerce desde el poder totalitario, el mandatario Miguel Díaz-Canel aseguró en días recientes, que "llegaron para quedarse".
Según el dirigente, es importante que “sigamos manteniendo la intensa lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a las ilegalidades; y haciendo público un grupo de casos con toda la profesionalidad que eso lleva y con todos los códigos de comunicación social que debemos mantener”.
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