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Dunia Pupo Bermúdez, la madre del joven cubano de 24 años asesinado a inicios de enero en la provincia de Holguín, volvió a pedir pena de muerte para los culpables, cuyo juicio está aplazado por la pandemia del coronavirus.
La mujer sostiene que a su hijo Daniel Martínez lo asesinaron para realizar un trabajo de "brujería" y "ofrecerle sangre humana a un muerto". Luego lo enterraron en un vertedero del reparto Alcides Pino, en esa región del oriente de Cuba, denunció en Facebook.
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"Pido a todos que pidan conmigo JUSTICIA, que estos seis malnacidos cobardes que no repararon en arrepentirse de cometer esta crueldad (...) ni con la muerte pagan este horrendo crimen", señala.
"Pido pena de MUERTE una y mil veces para los asesinos que le arrebataron la vida a mi hijo Daniel, le apagaron su sueños, lo privaron de criar su amada hija y de conocer su otro hijo que venía en camino, dejaron devastadas nuestras familias de por vida", afirmó.
De acuerdo con su testimonio, la familia está en espera de que pase la crisis sanitaria por el COVID-19 para la celebración del juicio contra las seis personas presuntamente implicadas en este hecho.
Daniel desapareció el pasado 3 de enero y el día 7 de ese mes su cadáver fue encontrado en 3 bolsas, en un vertedero de la provincia de Holguín.
Su madre ha posteado en Facebook varios reclamos de justicia, e incluso llegó a compartir las fotos de cinco implicados en los hechos que permanecen en prisión.
En una publicación del 22 de enero la madre de Daniel asegura que César Emilio Paneque Reyes, Oscar Enrique Mancebo Jacobo, Yasel García Ruiz, Juan Luis Palacio y Katiuska Méndez participaron en el horrendo asesinato.
Ese día Pupo Bermúdez inició la recolección de firmas para que el gobierno cubano oiga su pedido y aplique "la pena de muerte a todos los implicados de este caso" y "para que esto sea ejemplarizante en nuestro país".
El 10 de mayo, en otro post la mujer vuelve a publicar la foto de los responsables, y los califica de "escorias de la sociedad".
Aunque la pena de muerte es legal en Cuba, las últimas ejecuciones ocurrieron en 2003.
El debate de esta pena en la legislación cubana continúa siendo un tema pendiente en la sociedad de la isla, donde esta sentencia está prevista para casos de homicidio, amenaza de muerte, violación agravada, terrorismo, secuestro, piratería, narcotráfico, espionaje y traición al régimen en el país.
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