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En momentos en que se dispara la ansiedad colectiva en Cuba por la carestía de alimentos y bienes de primera necesidad, cada vez son más quienes se ven sometidos a procesos judiciales por delitos de acaparamiento y desvío de recursos.
La fiscalía de la provincia de Villa Clara y las fuerzas policiales han reforzado sus controles, y durante el último mes una veintena de ciudadanos han sido procesados o se encuentran a disposición de los tribunales por delitos comunes que, si bien forman parte del día a día de los cubanos, tienen un agravante en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
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Según la fiscal jefa de Villa Clara, Lisnay Mederos Torres, "el tribunal ha estado a la altura de las circunstancias actuales y ha mantenido una política de severidad en el enfrentamiento a estos hechos, tal y como lo pide el propio pueblo".
En declaraciones a la emisora santaclareña CMHW, la fiscal mencionó entre los últimos casos el de un almacenero de la provincia que fue sorprendido mientras intentaba favorecerse desviando alimentos de una institución médica.
“Se trata de un encargado de almacén en el hospital psiquiátrico de Santa Clara que de manera inescrupulosa pretendía apropiarse de 2 cajas de pollo de las destinadas a la alimentación de los pacientes de un lugar extremadamente sensible, y a quienes debemos darle toda la protección que requieren”, indicó Mederos Torres.
Según dijo, en estos momentos se depuran las causas y condiciones que provocaron el incidente, aunque el juicio se desarrollará a la mayor brevedad y con carácter ejemplarizante.
“Esta persona se encuentra detenida y en las próximas horas será puesta ante los tribunales por la vía directa, con toda la prontitud del proceso, y la fiscalía estará enfrentándolo con el rigor que se requiere”, subrayó la fiscal, a la vez que recordó que “en momentos de COVID-19 todo es de manera abreviada, de manera directa, porque se requiere una justicia penal efectiva”.
De igual manera, señaló que el Ministerio del Interior lleva a cabo en estos momentos un proceso investigativo en el municipio de Quemado de Güines a fin de esclarecer una trama de corrupción que vincula a la Oficina de Registro de Consumidores (OFICODA) y varias bodegas de ese municipio, donde se falseaba el número real de consumidores para desviar alimentos.
Este 20 de abril también fueron multadas dos trabajadoras de la cafetería El Rápido 8 de Marzo, de la compañía CIMEX y ubicada en las inmediaciones del hospital Materno de la ciudad de Santa Clara, luego de que acapararan algunas cubetas de yogur.
La administradora “explicó que varios de los recipientes -producidos por la Empresa de Productos Lácteos «La Villareña», a un precio de venta de 3.75 CUC cada unidad- les hizo falta comprarlos a trabajadoras con niños pequeños, pues hacía tiempo no entraba el yogur. No obstante, como principal responsable del centro, reconoció su error”, publicó el semanario provincial Vanguardia.
También en las últimas horas un ciudadano fue sancionado a 1 año de privación de libertad luego que se le incautaran 40 cartones de huevos, y en el municipio de Camajuaní, el pasado 6 de abril, la administradora de la bodega La Cascada y un carretonero fueron condenados a un año y a ocho meses de privación de libertad, respectivamente, por desviar 7 sacos de la papa destinada a la canasta básica normada.
Si bien la mayoría del pueblo está de acuerdo con que se castigue la corrupción imperante en el país, no falta quien justifique esos procederes a baja escala como alternativas de supervivencia, mientras la cúpula gobernante hace y deshace a su antojo sin ser alcanzada por la justicia.
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