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Una jueza española desestimó la demanda presentada por los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill contra Meliá Hoteles Internacional por la explotación de dos hoteles, Paradisus Río de Oro y Sol Río y Luna Mares, en terrenos que fueron expropiados tras el triunfo de la revolución cubana en 1959.
Según informó este martes Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma declaró "la falta de jurisdicción y de competencia internacional" de los tribunales españoles para resolver la demanda contra esta empresa.
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La resolución señaló que los tribunales civiles españoles "no tienen jurisdicción para conocer de la demanda que ha dado lugar al presente pleito".
En el auto judicial, la jueza decretó "el sobreseimiento de las actuaciones y condena a la parte actora al pago de las costas". En cualquier caso esta decisión judicial no es firme, ya que se puede interponer un recurso de apelación que resolverá la Audiencia Provincial de Baleares.
España "no tiene competencia internacional"
En el escrito se indicó que, de acuerdo con los tratados internacionales, España "no tiene competencia internacional" para que sus tribunales "resuelvan pleitos donde se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles situados fuera de su territorio nacional".
En el texto se señaló que, tras la revolución de 1959, Fidel Castro "decidió nacionalizar todos los bienes y empresas de personas naturales o jurídicas de nacionalidad cubana o constituidas de acuerdo con la ley cubana mediante la aprobación de la Ley 890, publicada el día 15 de octubre de 1960".
La puesta en marcha de esta ley "provocó que de forma ilegítima, según el derecho internacional, el Estado Cubano confiscara los terrenos propiedad de Santa Lucía Company S.A. y Sánchez Hermanos, que a partir de esos momentos pasaron a ser propiedad de Cuba".
La resolución detalló que Meliá "obtuvo del Estado Cubano una autorización para gestionar y explotar los terrenos situados en Playa Esmeralda", en el que ahora hay dos hoteles (Paradisus Río de Oro y Sol Río y Luna Mares), que son propiedad del estado cubano y son administrado por este grupo hotelero.
La jueza aseguró que la demanda fue dirigida contra "una persona jurídica privada domiciliada en Mallorca que ha obtenido una autorización" para la explotación de estos terrenos, pero "resulta que el fundamento principal de las pretensiones de la parte actora no son los negocios jurídicos concretos que hayan podido concertar Meliá y Gaviota o sus relaciones mercantiles".
Aunque la jueza decretó el sobreseimiento del caso, aún queda a los demandantes el recurso de apelación ante la Audiencia de Palma.
Los familiares de Sánchez Hill, residentes en Estados Unidos, presentaron una demanda contra la compañía el pasado 3 de junio en un tribunal de Palma de Mallorca (España) y pidieron a Meliá una indemnización de al menos 10 millones de euros (unos $11.3 millones de dólares).
A pesar de que la acción legal fue interpuesta semanas después de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, el reclamo de los Sánchez Hill no se sustenta en la legislación estadounidense sino el Código Civil español.
Ambas partes habían entablado negociaciones para llegar a un acuerdo entre 1999 y 2004, pero nunca se llegó a concretar nada antes de que los afectados se decidieran por demandar a la compañía hotelera.
Meliá cuenta actualmente con 34 hoteles en Cuba y a final de año deberán ascender a 38, la mayoría de ellos en régimen de gestión.
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