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Los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill piden a la cadena hotelera Meliá Hotels International una indemnización de al menos 10 millones de euros (unos $11.3 millones de dólares) por explotar dos hoteles, Paradisus Río de Oro y Sol Río y Luna Mares, en terrenos que fueron expropiados tras el triunfo de la revolución cubana en 1959.
Los familiares de Sánchez Hill presentaron una demanda contra la compañía el pasado 3 de junio en un tribunal de Palma de Mallorca (España), según confirmó a CiberCuba el abogado Nick Gutiérrez, con representación legal en el caso.
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En la demanda de 30 páginas a la que tuvo acceso CiberCuba consta que los reclamantes eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una hacienda de Holguín que tenía una extensión de 485,6 kilómetros cuadrados.
"El carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra", señala el documento, suscrito por los abogados Rafael Gimeno-Bayón Cobos y Cristina Sampol Schenk.
Aunque la reclamación se enmarca en el período posterior a la implantación del Título III de la Ley Helms-Burton, la demanda entablada por la familia Sánchez Hill se sustenta en el Código Civil español. La legislación estadounidense no tiene efecto alguno en los tribunales españoles.
"No descartamos la opción de una futura demanda ante los tribunales estadounidenses, pero la reclamación que hemos hecho ante la justicia española tiene un carácter independiente y es resultado de un largo proceso de conversaciones iniciado hace 20 años", dijo Gutiérrez a CiberCuba.
Las propiedades de los Sánchez Hill no están certificadas por la Comisión de Registro de Propiedades Confiscadas del Departamento de Justicia, lo que dificulta el proceso ante los tribunales estadounidenses.
La gestión de los hoteles le corresponde a Meliá, pero pertenecen a la compañía cubana Grupo Gaviota. La compañía Meliá administra actualmente 34 instituciones hoteleras en la isla caribeña.
El texto indica que que los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill piden una "cantidad equivalente a los beneficios que hayan obtenido de estos hoteles durante los cinco últimos años". La cifra todavía no está fijada ya que falta el análisis de un perito.
En cualquier caso, los afectados tienen claro que la indemnización tiene que oscilar cerca de los 10 millones y en ningún caso menos de 600.000 euros.
"La obligación de pagar surge desde el momento en que Meliá fue consciente de que explotaba bienes confiscados", argumenta la demanda.
Ambas partes ya entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo entre 1999 y 2004, pero nunca se llegó a concretar nada.
Meliá cuenta con un plazo de 20 días para emitir una respuesta a la reclamación.
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