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En lo que va de 2019, los tribunales de la provincia de Sancti Spíritus han condenado a 23 personas por el delito de “robo de combustible” en los 16 juicios llevado a cabo hasta el momento.
Unas 13 personas fueron condenadas a cárcel como resultado del proceso. De ellas 4 bajo régimen común de prisión y 9 bajo la modalidad de trabajo correccional en prisión, según informó la emisora oficialista Radio Sancti Spíritus.
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Otros 9 serán obligados a una condena de trabajo correccional sin tiempo de cárcel. Un último acusado cumplirá una pena de libertad bajo limitantes.
Las ciudades de la provincia más señaladas por el Gobierno en relación con la extracción ilegal de combustible son Sancti Spíritus, Jatibonico, Cabaiguán, Trinidad.
Además de las penas mencionadas, a los juzgados se les decomisarán los bienes que los tribunales consideren vinculados con el “delito”, como los autos u otra clase de vehículos.
El decomiso de bienes por robo de combustible fue aprobado recientemente en Cuba. En 2018 el Consejo de Ministros impulsó esta regulación con el propósito de frenar el desvío de combustible que le cuesta al Estado alrededor de 312.627 CUC (equivalente al dólar), según dio a conocer un informe de la Asamblea Nacional del Poder Popular este mes.
Frente a la crisis de combustible que experimenta el país actualmente, el Gobierno comienza a apretar las tuercas contra los ciudadanos, cuando la propia ineficacia de sus instancias ha dado lugar a este fenómeno de extracción ilegal de combustible que lleva años teniendo lugar en la Isla.
Cuba solo produce el 40% del combustible que consume, gasta alrededor de 3000 millones de dólares en la compra del producto y acumula deudas extensas con sus proveedores.
Este julio la presidencia del país reconoció en un comunicado que había ocurrido un descenso en la importación del producto, lo que se vio reflejado esta semana en colas inmensas para comprar gasolina en La Habana y otras zonas.
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