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Miami (EFE).- Los herederos de Rafael Lucas Sánchez Hill, que fue dueño en Cuba de una gran finca confiscada tras la revolución de 1959 y hoy poblada de hoteles, no han decidido aún si demandarán en Estados Unidos a los que se benefician de una propiedad "robada", dijo a Efe su abogado, Nicolás Gutiérrez.
"No vamos a hacer nada que entorpezca nuestros esfuerzos legales en España", señaló el abogado respecto al proceso ya iniciado en el país europeo contra el grupo hotelero Meliá, que regenta varios hoteles en la zona costera de lo que fue la gigantesca propiedad.
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Esta semana, según Gutiérrez, los abogados de los descendientes de Sánchez Hill, que identificó como José Ramón Ferrándiz y Rafael Gimeno-Bayón Cobos, presentarán formalmente en los tribunales de Palma de Mallorca la demanda contra Meliá, una vez concluida la fase de conciliación.
No se llegó a ningún acuerdo en la conciliación, pues el grupo hotelero español alegó que no reconocía la jurisdicción española en el caso, dijo Gutiérrez, un abogado cubano-estadounidense de Miami al que hasta hace poco tiempo muchos consideraban un "loco".
Según dijo a Efe en una entrevista telefónica, lleva 25 años preparándose para lo que finalmente llegará este jueves, primer día en que se puedan plantear demandas ante los tribunales estadounidenses contra quienes se benefician de propiedades confiscadas en Cuba, gracias a la entrada en vigor el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 con el objetivo declarado de impulsar la "libertad" de la isla.
Todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton habían mantenido desactivado el título III, pero el actual, Donald Trump, decidió ponerlo en vigor como parte de sus esfuerzos para lograr un cambio político no solo en Cuba, sino también en Venezuela.
Las dos primeras demandas judiciales que serán presentadas en EEUU por propiedades confiscadas en Cuba después de la revolución tienen que ver con los puertos y la demandada va a ser la empresa de cruceros Carnival, según el abogado.
Los demandantes serán Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.
Gutiérrez advirtió de que a estas demandas seguirán otras similares de García Bengoechea y Behn contra otras compañías de cruceros o navieras que operen en esos puertos.
Antes de ir a los tribunales, tanto García Bengoechea como Behn han cumplido ya con una suerte de mecanismo de conciliación que el Departamento de Justicia de EE.UU. establece y no es obligatorio, pero sí "recomendable", señala el abogado nacido hace 54 años en Costa Rica de padres cubanos exiliados.
Se trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen 30 días de plazo para llegar a algún arreglo extrajudicial.
En cuanto a la demanda en España contra Meliá, Gutiérrez recordó que el grupo hotelero tiene "bienes dentro de la jurisdicción estadounidense", como dos hoteles en la zona de Miami, que si se plantease una acción similar en EEUU, podrían valer para resarcir a los herederos de Sánchez Hill.
Según Gutiérrez, desde hace 30 años se han celebrado reuniones con representantes de Meliá y ellos han "tenido la 'chance' de resolver esto y no la han aprovechado".
Ahora deben atenerse a las consecuencias, indicó el abogado, quien criticó que el Gobierno español esté en contra de la activación del Título III de la Ley Helms Burton.
A su juicio, es una contradicción que en España sea un delito y esté "estrictamente prohibido beneficiarse de propiedades robadas" y que el Gobierno español no respete la misma norma para Cuba.
"Todos estamos dispuestos a transar (acordar) si nos ofrecen una compensación", subraya Gutiérrez, quien, además de ser el abogado de muchos de los que quieren demandar, está viendo si él también puede ser demandante.
A su familia el "régimen dictatorial" de Cuba le confiscó fincas ganaderas, centrales azucareras y otras propiedades, incluida una casa en el barrio habanero del Vedado donde hoy funciona una oficina de la empresa británica Lloyd's, dice.
Para presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a 50.000 dólares, según la ley Helms Burtom.
Cuando se le pregunta quién hace la estimación del valor, subraya que son los jueces en razón de criterios realistas.
El valor de la propiedad de unos 100.000 acres (45.000 hectáreas) que la familia Sánchez Hill tenía al norte de la provincia de Holguín, con un frente de costa de 57 kilómetros, es infinitamente superior, subraya Gutiérrez.
La zona costera de la propiedad, que en tiempos en que funcionaba allí la central azucarera Santa Lucía era considerada sin valor desde el punto de vista de la producción, es muy valiosa desde el punto de vista turístico, agrega.
Los edificios hoteleros allí erigidos después de la revolución son propiedad del Grupo Gaviota, que controlan los militares cubanos y pertenecen al conglomerado empresarial GAESA, que está incluido en una lista de bienes sujetos a sanciones por parte de EEUU.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
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