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Representantes del exilio y de la comunidad cubano-estadounidense del sur de Florida expresaron este lunes al senador republicano Rick Scott su preocupación por el atraso del Gobierno de EE.UU. en implementar las normas legales que permiten reclamar propiedades confiscadas por la Revolución en Cuba.
Scott, que fue gobernador de Florida hasta enero pasado, se reunió con líderes de la Asamblea de la Resistencia, una coalición formada por organizaciones de dentro y fuera de Cuba, y con empresarios y políticos que reclaman que se apliquen de una vez los los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton (1996), con la que durante la Presidencia de Bill Clinton se reforzó el embargo a Cuba.
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El título III permite que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, puedan demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas hasta que fueron confiscadas por las autoridades emanadas de la revolución de 1959.
Desde su creación, el título III ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE.UU. cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y ahora por solo dos semanas.
El Título IV permite excluir de los Estados Unidos a extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes.
Liderados por Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos (Brigada 2506), los participantes en la reunión manifestaron en la reunión con Scott su apoyo a las sanciones de la Administración Trump al régimen cubano, según un comunicado de la Asamblea de la Resistencia.
En concreto respaldaron la sanción contra los barcos que transportan petróleo desde Venezuela a Cuba, pero también le dijeron a Scott que "hay preocupación en la comunidad por el atraso de la implementación" de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton o "Ley de la Libertad Cubana".
A juicio de los asistentes a la reunión, esos títulos contienen "medidas judiciales efectivas que son esenciales para romper el yugo de la 'Troika de la Tiranía' con base en La Habana y que simultáneamente oprime a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela".
Los cubanos entregaron a Scott el cartel "Sí a los Títulos III y IV" firmado por cuatro alcaldes y seis comisionados (concejales) y por docenas de activistas cubanos, nicaragüenses y venezolanos.
Entre los asistentes a la reunión estaba Javier García Bengochea, quien se considera "dueño legítimo" del puerto de la ciudad de Santiago de Cuba.
El Gobierno cubano rechazó la semana pasada la decisión de suspender solo por dos semanas más y con excepciones el Título III de la ley Helms-Burton anunciada por el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y pidió que la legislación "sea eliminada en su totalidad".
El título seguirá suspendido desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero el Gobierno de EE.UU. continuará permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una "lista negra" del Departamento de Estado.
El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, que visitó Washington la semana pasada, transmitió a Pompeo el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a la activación del Título III.
Borrell explicó que España se opone a la medida por una "cuestión de principios", pero también porque podría perjudicar a empresas españolas, por ejemplo en el sector turístico.
En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de compañías controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.
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