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Si la administración de Donald Trump decide, en contra de lo que han hecho sus antecesores Clinton, Bush y Obama, no prorrogar el Título III de la Ley Libertad, conocida como Ley Helms-Burton, miles de norteamericanos podrían demandar a empresas que estén negociando en Cuba con propiedades que el régimen de la Isla confiscó a estadounidenses.
Hasta ahora, las sucesivas administraciones desde 1996, año de promulgación de la ley, han suspendido cada seis meses dicho título, para evitar una avalancha de reclamaciones en los juzgados, la cual supuestamente entorpecería la transición democrática en Cuba.
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La última ocasión en que se hizo fue en junio, por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.
Ahora, ante el próximo discurso del asesor de Seguridad Nacional John Bolton sobre la estrategia del país hacia Latinoamérica, muchos creen que el gobierno republicano levantará el veto y dará vía libre a las reclamaciones, que pueden efectuarse contra el gobierno cubano, una empresa o una persona natural.
De hecho, la editorial The McClatchy, que edita 29 periódicos, ha adelantado que la Casa Blanca está estudiando la posibilidad de permitir que los cubanoamericanos puedan demandar ante las Cortes de Estados Unidos a empresas extranjeras que hoy controlan en Cuba las propiedades confiscadas por el Gobierno de Fidel Castro.
En 2016 Washington le reclamaba a La Habana 8.000 millones de dólares por propiedades estadounidenses confiscadas en la Isla, cifra que solo abarcaba demandas de empresas y ciudadanos de ese país, avaladas por la Comisión de Ajuste de Reclamaciones en el Extranjero hasta el 6 de julio de 1972.
Sin embargo, el Título III de la Helms Burton extiende el derecho a todos los exiliados que eran ciudadanos cubanos cuando sufrieron la expropiación y que adquirieron la ciudadanía estadounidense tras haber emigrado.
Se estima que la cifra de demandas podría llegar a entre 300.000 y 400.000.
Tras el deshielo entre las relaciones bilaterales que impulsaron Obama y Raúl Castro, que llevó a muchas empresas norteamericanas a interesarse por el comercio con la Isla, algunos de los afectados han pedido que, al menos, se pueda demandar a empresas norteamericanas que están haciendo negocios con bienes que una vez pertenecieron a ciudadanos estadounidenses, y que les fueron arrebatados injustamente.
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