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Tatuadores cubanos, hartos del limbo legal

El Gobierno de Cuba les niega la posibilidad de sacar una licencia y pagar impuestos. Tras la redada y multazos de junio pasado en Ciego de Ávila, abogados contratados por los artistas sólo les recomiendan "esperar".

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Este artículo es de hace 5 años

Se llama Johny Álvarez Morgado, tiene 32 años y es instructor en Artes Plásticas, licenciado en inglés y tatuador en Ciego de Ávila. Éste último oficio, que es el que le da de comer, no está reconocido en Cuba. Lo practica en medio de un limbo legal que a veces se tambalea, como ocurrió en junio pasado cuando inspectores de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) hicieron una redada junto con la Policía y se plantaron en 35 talleres de tatuaje de la provincia.

A los artistas, que no han recibido el apoyo de la Asociación Hermanos Saíz, les cayeron multas de 500 pesos por trabajar sin pagar impuestos. Los tatuadores son evasores fiscales a la fuerza: no pagan porque su actividad comercial no está reconocida en Cuba. No tienen forma de conseguir una licencia.

Tras la operación policial, los abogados consultados por los tatuadores sólo ofrecieron una salida: esperar. Harto de hacerlo, Johny ha dado su santo y seña y ha escrito al diario oficialista Juventud Rebelde para gastar el último cartucho que le quedaba en la recámara: conseguir el apoyo de la prensa.

Las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia, anunciadas en julio pasado, no contemplan la legalización de los tatuadores en la Isla. Pierden los artistas, pero también pierde el estado "al no reconocer y legalizar una actividad con arraigo en la población joven, por la cual contribuirían con sus impuestos al erario público".

Juventud Rebelde se pone del lado de los tatuadores: "Sería muy recomendable reconsiderar la negativa. Es una realidad insoslayable, y la validación de ésta le permitiría incluso al Estado ejercer un control desde el punto de vista de los requisitos sanitarios para ella, al tiempo que se beneficiaría con los tributos correspondientes y no los dejaría al pairo de sus utilidades".

Sobre la redada de junio pasado, el diario oficialista recalca: "No siempre lo legal es lo justo y razonable".

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