En la última semana, tanto algunos vendedores de productos agropecuarios como pobladores de Santa Clara han sido testigos de un nuevo procedimiento sancionatorio que desde la Dirección Integral de Supervisión (DIS) han denominado venta forzosa. ¿En qué consiste?
«Cuando detectamos violaciones en la política de precios establecida, o cualquier otro tipo de infracciones, automáticamente decomisamos esos productos y se comercializan a un precio incluso menor que el estipulado por la ley», asegura una de las inspectoras a la que le ha correspondido acatar lo dispuesto por las instancias del gobierno provincial.
Hasta el momento, según la propia inspectora, se han aplicado más de 100 ventas forzosas, para dar cumplimiento a la política especial de precios topados que se estableció en Villa Clara luego de las afectaciones derivadas de las intensas lluvias de junio.
Alfredo es uno de los vendedores que se ha visto afectado. Sabía que en cualquier momento podía sucederle algo así, pues estaba vendiendo 2 mangos por 10 pesos, y no a $2,50 la libra como está reglamentado por parte del Consejo de la Administración Provincial.
«Lo de menos es perder la mercancía, porque yo me la estaba jugando para sacarle un poco más de dinero. Lo que me siento impotente al ver que a unos sí nos castigan, pero a otros no les pasa nada», explica, dejando entrever un doble rasero en la aplicación de la medida.
Entre esos a los que supuestamente se les pasa la mano se encuentran los representantes de cooperativas y unidades productivas estatales que, amparados bajo el supuesto manto del gobierno, «hacen y deshacen sin que les toquen ni un pelo», señala Alfredo.
Algo con lo que no coincide Reynaldo Oms Payrol, director de la DIS en Villa Clara, quien, al referirse recientemente a la medida de nombre controversial, señaló que las ventas forzosas se le han aplicado fundamentalmente a vendedores del estado, «pues precisamente la disciplina debe comenzar por casa».
Y es que no resulta nada raro que los cooperativistas o representantes de granjas estatales adulteren los precios o escondan la mercancía tras los mostradores. El propio Héctor Torna, delegado de la agricultura en Villa Clara lució airado recientemente durante una visita al punto de venta Los Pilongos, el más concurrido de la capital provincial, ante la imposibilidad de erradicar el abuso reiterado por parte de algunos vendedores.
Según un subordinado suyo, dio orientaciones precisas para decomisar la mercancía de cualquier vendedor reincidente, y dispuso que durante cada feria dominical la Empresa de Acopio designara a tres vendedores suplentes para sustituir de manera inmediata a aquellos vendedores que medraran a costa de las necesidades del pueblo.
Como es de esperar las ventas forzosas han sido un procedimiento rechazado por los intermediarios y vendedores, pero muy bien recibido por esa parte del pueblo asfixiada con los altos precios y la carestía de los alimentos.
Sin embargo, no son pocos los que se quejan del efecto bumerang de esta medida y otras como la decisión de topar precios, pues plantean que desestimula la comercialización.
«Ya es raro encontrarte un carretillero en las calles de la ciudad. Hace más de un mes que no consigo ensaladas», asegura un jubilado que no se ha beneficiado de las ventas forzosas, pero que dice haber sufrido, debido a la prolongada escasez, lo que él denomina como compras forzadas.
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