EDITORIAL: Nos quieren pobres

La Gaceta Oficial de la República de Cuba recoge este martes los decretos-ley que desbloquean la concesión de licencias a los trabajadores por cuenta propia en Cuba, paralizados hace justo un año. No entrarán en vigor de forma inmediata sino dentro de 150 días, en diciembre próximo.

Firmados por Raúl Castro, en sus funciones como ex presidente del Consejo de Estado de la pasada legislatura, las nuevas medidas llevan su sello: más impuestos y un control extremo sobre los cuentapropistas. No ha querido irse sin marcar lo que está por venir: él reformará la Constitución y él dicta cómo tiene que funcionar la pequeña empresa privada en la Isla. Él manda.

Con los decretos y resoluciones publicados, aún están por definir las estructuras que se crearán para "la atención y control" del trabajo por cuenta propia.

Lejos de fomentar el crecimiento económico de un país empobrecido, mimando a la pequeña y mediana empresa, el Gobierno cubano sigue tratando a los cuentapropistas como un mal del que a estas alturas no puede prescindir porque se ha dado cuenta de que tiene en sus manos la gallina de los huevos de oro. Se está asegurando de que no vuele ni para bajarse del árbol. Estos decretos van encaminados a cortarle las alas.

Hay cambios, pero no son los que Cuba necesita después de 60 años de miseria. Nos quieren pobres.

Para empezar, las nuevas resoluciones sólo permiten trabajar por cuenta propia a los cubanos con residencia permanente en la Isla. Para los testaferros hay multas de hasta 4.500 CUP y amenaza de cancelación definitiva de la licencia.

En el caso de los restaurantes, los rumores estaban en lo cierto: sólo se podrá tener un negocio por domicilio y atender a un máximo de 50 personas.

En esta ocasión introducen un elemento nuevo: la obligatoriedad de que cuentapropistas y cooperativistas no agropecuarios tengan una tarjeta bancaria, donde queden registrados los movimientos de sus negocios. Eso no tendría mayores consecuencias si hubiera separación de poderes. En Cuba, el banco es el Estado.

De hecho, el banco está obligado a informar a las autoridades en caso de que detecte "operaciones sospechosas" en el control de finanzas que lleguen desde fuera de la Isla.

Aún peor, esa tarjeta debe tener un saldo mínimo con tres cuotas mensuales del contibuyente. Así, por ejemplo, si una persona que alquila una habitación de su casa está obligada a pagar 840 pesos al mes, ahora deberá tener en el banco un mínimo de 2.520 pesos (100 CUC). Puede parecer poco para quien esté fuera del país, pero 100 CUC es más de tres veces el salario medio mensual de La Habana (29,60 CUC).

Evidentemente la presión que se ejerce sobre los cuentapropistas que alquilan casas va encaminada a contentar a los inversores extranjeros que tienen hoteles en la Isla. Ahora una persona podrá alquilar su vivienda a un empresa extranjera, pero a cambio deberá pagar una especie de "fianza". Para los cubanos, siempre la parte estrecha del embudo.

Sin aperturas

Las nuevas normas no son el camino a la apertura. Así, ministerios como el de Exteriores, sólo tendrán que controlar las licencias de traductor o el de Comunicaciones, se limitará, única y exclusivamente a vigilar actividades relacionadas con servicios postales, aseguramiento técnico y soporte informático y la producción, comercialización y utlización de telecomunicaciones e informática.

En el apartado de inspecciones, hay orden de decomiso por no permitir que las autoridades accedan al local que se regenta; incumplir normas higiénico sanitarias, actuar como cooperativa sin permiso, vender ron o cerveza en lugares donde no esté permitido o alterar el precio de los productos. Son unos pocos ejemplos, hay muchos más.

Aunque son trabajadores por cuenta propia no podrán poner los precios que les parezcan. Las Asambleas provinciales y municipales del Poder Popular (el Estado) tendrán potestad no sólo para dar o paralizar las licencias en el sector de la gastronomía o el arrendamiento de viviendas en sus territorios, también para hacer inspecciones.

El único freno que se pone a los desmanes, es que si un chivatazo lleva a los inspectores a un negocio y al llegar no encuentran lo que querían sancionar, pese a tener pruebas de que anterior a su llegada estaba mal, no podrán multar. Ahora, el que pillen, tiene sólo 72 horas para arreglarlo o se arriesga a multas, pérdida de licencia, o incluso decomisos.

Por no estar inscrito en el Registro del Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) pueden caer multas de 2.000 pesos, lo mismo que por no tener trabajadores dados de alta en la Seguridad Social o carecer de licencia para ejercer de trabajador autónomo.

De ahora en adelante una peluquera de Nuevo Vedado pagará 250 pesos de licencia al mes, frente a los 80 que abonará una de Las Tunas o los 130 de una de La Habana del Este. Todas tienen que acceder a la misma materia prima: la del Estado. Por cierto, queda prohibido vender productos importados del extranjero o comprados en tiendas en Cuba: han declarado la guerra a los revendedores.

Pero no es todo. A los agentes que venden tarjetas de ETECSA los exprimen al máximo con una carga impositiva brutal: el que más venda ganará prácticamente lo mismo que el que vende lo justo.

Cuba quiere que los cuentapropistas ganen para comer y para pagar impuestos. No quiere ricos. Por eso desincentiva la contratación de trabajadores cargando con impuestos a los autónomos que más empleos creen.

¿Es ésta la forma en la que el Gobierno cubano quiere superar el bache enorme que su falta de eficiencia ha creado en la economía cubana? ¿Es ésta la fórmula que encontró Raúl Castro para perfeccionar el trabajo por cuenta propia?

Para los que tenían esperanzas aquí va la muestra de que el Gobierno cubano no quiere que nuestra economía realce el vuelo. Quieren controlarlo todo a costa de seguir popularizando la pobreza y castigar a los que, a pesar de todo, logran crecer y ganar dinero.

Cuba pasa por ser de los pocos países del mundo que castiga a los emprendedores. Lo peor es que el dinero de la recaudación de impuestos no irá a fines sociales. Ya lo dijo el vicepresidente de Cuba: irá destinado a nuevas inversiones. No hay que tener una bola de cristal para adivinar que esas nuevas inversiones serán en el sector estatal. Quieren engrasar la vieja maquinaria moledora de dólares y combustible. Todavía creen en la economía socialista y en la falsa propiedad social sobre los medios de producción. ¿Cuántos jóvenes tienen que irse de la Isla por falta de futuro para que esto cambie?

Lo peor de todo es que la nefasta gestión económica del socialismo a la cubana no ha podido ser castigada en las urnas. Hay que elegir entre lo mismo y lo peor so pena de que te hagan la vida un yogurt o te metan preso. La paciencia del pueblo cubano no puede ser infinita. El Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para dar un paso hacia adelante. De momento, esto es un paso en falso.