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El gobierno cubano reconoció que su política de “mano dura” y enfrentamiento al delito no está dando resultados y que los “fenómenos” delictivos están proliferando en la sociedad.
Así lo reconocieron autoridades durante la reunión del grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento a los delitos e ilegalidades, celebrada el jueves en los salones del Palacio de la Revolución.
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Encabezada por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la cita sirvió para analizar el resultado del “enfrentamiento” en el mes de abril. Según recogió el sitio web de Presidencia, el jefe de gobierno señaló que “no se avanza en la identificación y eliminación de las causas y condiciones que favorecen la proliferación de estos fenómenos”.
“No se logra un enfrentamiento administrativo eficaz en fábricas, almacenes, donde nacen, en la mayoría de los casos, los problemas. Persisten las insatisfacciones de la población, lo que evidencia que aún es insuficiente el trabajo. Hay que intensificar las acciones, principalmente las preventivas”, subrayó el dirigente.
La propia información oficialista puso el foco en la deficiente estrategia que subyace en la política de “enfrentamiento a los delitos e ilegalidades” que promueve el gobierno de la llamada “continuidad” que lidera Miguel Díaz-Canel.
“Sí hay enfrentamiento”, constató Marrero Cruz, pero los delitos e ilegalidades proliferan en vez de disminuir. Y eso, según el primer ministro y promotor de la “mano dura” y la lucha contra las “blandenguerías”, es porque el gobierno de Díaz-Canel no ha conseguido dar con las “causas y condiciones” que favorecen las conductas delictivas en el país.
Al no saber cuáles son las causas que dan lugar a la proliferación de delitos e ilegalidades, el ejecutivo de Díaz-Canel no actúa eficazmente para erradicar estos comportamientos que se reproducen por mucho que el Estado los persiga y castigue, a veces incluso de manera “ejemplarizante”.
En la reunión también se admitió que persisten “conductas evasoras que urge identificar y enfrentar” en la recaudación de impuestos. No obstante, la jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), Mary Blanca Ortega Barredo, informó que, al cierre de abril, la cifra de recaudación de ingresos muestra un crecimiento, respecto a igual periodo del año anterior.
En los primeros cuatro meses de 2024, inspectores de la ONAT han realizado alrededor de 9,300 acciones de control fiscal que han detectado adeudos por un monto superior a los 336 millones de pesos.
Durante 2023 y hasta la fecha se han presentado 194 informes de denuncias por evasión fiscal. Varios de estos expedientes han castigado las indisciplinas tributarias con retiros de autorización para ejercer la actividad y cierres temporales y definitivos de establecimientos (la información oficial no precisó el número de sanciones de este tipo impuestas a los evasores).
El impacto de la inflación en la formación de precios, la escasez generalizada, la dolarización de la economía y la consolidación de un mercado informal de divisas, la desigualdad creciente, el aumento de la pobreza y el sentimiento de abandono y desesperanza de una población que constata cómo el régimen y sus políticas los excluyen cada vez más del reparto de la riqueza nacional, y le retira “subsidio indebidos y gratuidades excesivas”, al mismo tiempo que aumenta los apagones y la represión, todo ello conforma el “caldo de cultivo” de comportamientos delictivos entre los cubanos.
Las “causas” son visibles: el sistema político del régimen totalitario cubano obstruye las reformas y la posibilidad de un cambio cada vez más necesario en un país que, sin derechos humanos ni libertades políticas y civiles reales, experimenta el surgimiento de una “oligarquía” al estilo ruso que se apropia de la riqueza nacional y excluye a capas cada vez más amplias de la sociedad, quedando millones de cubanos marginados, desesperados y a merced de su habilidad para sobrevivir.
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