Exigen liberación de militar cubano acusado de espionaje

El documentalista, periodista y fotorreportero estadounidense Bill Gentile, pidió al gobierno de México interceder por la liberación del teniente coronel cubano Luis Andrés Más Farías, quien permanece encarcelado en la isla desde el 27 de diciembre de 2017 por un supuesto delito de espionaje.

En una carta abierta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el prestigioso académico de la Universidad de Washington solicita la intervención de México ante el gobierno de Cuba en favor del acusado, quien fue condenado a 12 años de prisión en un juicio que, según la defensa, estuvo marcado por las irregularidades y violaciones del debido proceso.

"Me refiero al caso de mi cuñado cubano, Luis Andrés Más Farías, quien se encuentra encarcelado en Cuba bajo falsas acusaciones de espionaje en relación con los hechos sucedidos hace 20 años, el caso de Carlos Ahumada Kurtz y los video-escándalos. Caso que no solo ha representado, para usted, el más duro golpe en su carrera política, sino también un golpe incomprensible y devastador para nuestra familia. Cada día una injusticia que pesa sobre nuestras vidas", expresa la misiva.

Gentile cuenta que el exmilitar fue licenciado en 2013 con honores y el grado de teniente coronel del Ministerio del Interior (Minint) en Cuba, y en 2017, en un giro inexplicable, fue acusado por un hecho vinculado a la detención del empresario argentino Carlos Ahumada en marzo 2004.

Ahumada llegó a Cuba, pero tenía una orden de aprehensión en México por su probable participación en un delito de fraude genérico luego de que revelara en televisión videos donde aparecían aceptando sobornos personas allegadas a AMLO que fueron preparados por la oposición para debilitar su carrera política cuando se preparaba como aspirante a la presidencia para las elecciones de 2006.

Las autoridades cubanas afirmaron que Más Farías habría advertido a México de la detención del empresario en La Habana.

Sin embargo, el propio Fidel Castro contó en una de sus Reflexiones –"El gigante de las siete leguas"– que Ahumada fue arrestado el 30 de marzo de 2004 a las 07:00 pm y esa misma noche se le notificó el hecho a la Cancillería mexicana, que al día siguiente presentó una solicitud de extradición.

"Fue arrestado el 30 del mismo mes de marzo. El 31 fue presentada por la Cancillería mexicana al MINREX de Cuba una solicitud de extradición de Carlos Ahumada Kurtz, por existir una orden de aprehensión contra el mismo", contó Castro.

En declaraciones a CiberCuba, la familia del militar cubano asegura que "está preso con cargos falsos" y que "su salud se ha deteriorado por años de encierro". Asimismo, que a pesar de que está en tiempo de pasar a un régimen de libertad condicional el prisionero, de 63 años, continúa detenido.

Gentile ha pedido a Miguel Díaz-Canel la liberación del mismo en una carta fechada el 4 de enero, alegando los graves problemas de salud que ponen en riesgo su vida. Sin embargo, ni su solicitud ni los pedidos de la familia han sido hasta ahora escuchados.

"La salud de Luis Andrés continúa deteriorándose y el peaje psicológico de sus años de encarcelamiento ha impactado su vida irreparablemente. Ha desarrollado dolencias crónicas que afectan irreversiblemente su salud y cuyas consecuencias pueden ser fatales", explicó Gentile.

Además, realizó una serie de entrevistas a Yan Vera Toste, el prestigioso abogado cubano que participó en la defensa del acusado y quien explicó las irregularidades del proceso judicial.

EL JUICIO CONTRA EL EXMILITAR:

El abogado defensor Yan Vera Toste explica en entrevista con Gentile que el caso inició en 2017 con la intención de sancionar a Luis Andrés.

"La Fiscalía empezó investigando a raíz de una supuesta información operativa e intentó irle dando forma a esa acusación, por lo que el fiscal fue notificándole al acusado diferentes modificaciones en la imputación del delito concreto que al final se presentó en el juicio. Fue un proceso abrupto por indicación del orden operativo, en el que desconocemos las razones por la cual se intentó sancionar a toda costa al imputado", argumentó.

"Había una orden, intentar sancionar a Luis Andrés, pero sin una idea clara sobre qué base se haría esa sanción, y esta desorganización tiene manifestaciones en las tres partes del proceso: en la fase de preparación, en el juicio oral y en la extensión de la sanción", subrayó.

Vera Toste también denuncia que no existió un debido proceso, categoría que encierra un grupo de principios y garantías que facilitan la objetividad en el proceso contra una persona y en lograr justicia.

"Lo primero –explica– es que el acusado firmó una declaración autoinculpatoria bajo condiciones de coacción, cuando el debido proceso dice que la culpabilidad debe demostrarse más allá de la declaración del acusado".

Afirma que la ley en Cuba "sigue vulnerando las garantías del debido proceso porque no hay una verdadera igualdad entre las partes, entre el fiscal y la defensa. Sigue habiendo una preponderancia en las garantías del fiscal y no sobre el acusado y la defensa", comentó.

"Tal vez le dijeron que si él se autoinculpaba no tendría repercusiones sobre la familia", pero esto evidencia varias contradicciones: "Si yo tengo pruebas de que un funcionario del MININT cometió delito de espionaje, ¿por qué lo licenciaste con honores y esperaste siete años para denunciar un supuesto delito?", cuestiona el letrado.

Expresa que "la información de espionaje operativo secreto se basa en una llamada telefónica que habría hecho Luis Andrés que nunca se incorporó al proceso y en un informe, del que nunca se reveló quién lo hizo y tampoco se incorporó al proceso para poder contrastar en virtud del principio de contradicción, presentar pruebas de lo contrario o al menos someter la contradicción ante los jueces", detalló.

En el juicio "también se estaba hablando sobre una relación con un ciudadano del Servicio Especial de México que nunca se acreditó en el proceso, y esta persona (Héctor de la Garza) después de que se reveló este supuesto espionaje entró más de 26 veces al país sin que hasta ahora haya sido detenido, interrogado, ni entrevistado".

"Entonces –aclara Vera Toste–, tenemos un caso donde una de las partes está presa y la otra nunca ni siquiera fue entrevistada", dijo refiriéndose al mexicano Héctor de la Garza.

Comenta que en el juicio no fue presentado ningún testigo directo de los supuestos hechos. "Los testigos eran todos de referencia, ninguno estuvo presente en los hechos, y solo hicieron referencia al citado informe que nunca se presentó".

Otra irregularidad –describe–, fue que al acusado lo señalan por supuestamente pedir "información confidencial" para dársela a Hector de la Garza".

Sin embargo, existen tres clasificaciones en cuanto al manejo de informaciones controladas por el gobierno: Confidencial, Secreta o Secreto de Estado.

"Para que pueda acusarse a alguien de espionaje la información divulgada tiene que ser considerada Secreta o Secreto de Estado, no Confidencial", comenta el abogado.

"El hecho de 2004 entra en contradicción con el propio órgano del CC, según la cual Luis Andrés filtró una información de que Carlos Ahumada había sido detenido en Cuba, cuando fue el propio ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque quien informó que había hecho saber al gobierno mexicano sobre la detención de este hombre que luego fue deportado a México", argumentó.

Para Vera Toste el acusado debió ser absuelto en el juicio; pero "¿cómo absolver a una persona que el MININT ha dicho que hay que declarar culpable?", cuestionó.

"La única prueba que presentó el fiscal fue un informe que nunca vimos. El gobierno cubano dijo que la detención Carlos Ahumada ocurrió el 30 de marzo de 2004 a las 19:00 horas y se informó al gobierno mexicano ese mismo día, entonces ¿qué trascendencia tuvo la información que supuestamente aportó Luis Andrés?", subrayó.

Al final de la entrevista con Gentile, el letrado asegura que "no hay pruebas" para sostener la validez de este caso, y a pesar de ello el prisionero ya ha cumplido casi ocho años de encarcelamiento.

"Ya Luis Andrés tiene más de la mitad de su condena cumplida y sigue en la cárcel, lo cual solo se hace con los acusados en casos de asesinatos. Están todos los requisitos para su liberación, el comportamiento, su conducta y sus problemas de salud legitiman el otorgamiento de libertad condicional que defiende el código penal", explicó.

Denuncia que este caso "demuestra una postura político criminal con respecto a las personas que son consideradas enemigos" en Cuba, sean opositores, manifestantes o exmilitares; lo cual "viola el principio de igualdad de una sociedad democrática, donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley".

"Si algo demuestra políticamente cómo es un Estado es su procedimiento para juzgar a sus ciudadanos y la manera en que los juzga, y este proceso no ha cumplido la mínima regla posible para que se pueda decir que estamos ante un proceso objetivo, multilateral y sobre todo justo", sentenció Vera Toste.